Desde finales de marzo, Estados Unidos y México impusieron restricciones a la movilidad fronteriza pero el mexicano Adrián Alonso Gama, de 37 años, continuó repartiendo cerveza y autopartes en su camión por Arizona y California y regresando a su casa de Tijuana cada fin de semana.
Tener residencia estadounidense le garantizó el cruce sin ningún tipo de control en ambas direcciones incluso cuando comenzó a sentirse mal hace una semana y optó por ir al médico del lado mexicano. “No me checaron ni me preguntaron nada” en la garita, aseguró.
Días más tarde se convirtió en uno de los más de 1.700 contagiados con COVID-19 en Tijuana, la segunda ciudad de México más infectada por la pandemia después de la capital pese a su poca población.
La administración de Donald Trump bloqueó hace dos meses el cruce de decenas de miles de personas con medidas que restringen el tráfico de toda actividad no esencial y comenzó a devolver de forma inmediata a solicitantes de asilo que llegaban desde México, todo ello con el consenso del gobierno mexicano y el argumento de proteger a Estados Unidos de la transmisión del nuevo coronavirus.
Pero en Tijuana y otras ciudades fronteriza hay expertos y ciudadanos que creen que la enfermedad se propagó justo en dirección contraria, alimentada, además, porque la cuarentena en la parte mexicana no fue tan severa y muchas fábricas siguieron funcionando.
Cuando se pusieron en marcha las restricciones, que acaban de ser ampliadas por otro mes esta semana, Estados Unidos tenía 28 veces más contagiados que México, una diferencia sustancial y que más o menos se mantiene aunque México ha hecho muchísimas menos pruebas y la mayoría de expertos coinciden en que hay un subregistro de casos.
Actualmente, San Diego tiene más de 6.000 contagiados de COVID-19, más del triple que Tijuana, cuyo aumento de casos coincidió con la imposición de cuarentenas en el lado estadounidense a finales de marzo.
“Hubo mucha gente que emigró para acá, para México”, explicó la doctora Remedios Lozada, responsable de la jurisdicción sanitaria de Tijuana. Al paralizarse sus empleos, hubo mexicanos que optaron por pasar ese tiempo con su familia y posiblemente algunos estaban ya infectados aunque lo desconocían. “Entonces fue cuando empezamos a enfrentar el mayor número de casos”, agregó la doctora.
Más al este, habitantes de Nogales, frontera de Sonora con Arizona, bloquearon temporalmente el cruce por esas fechas en protesta ante la falta de controles sanitarios por parte del gobierno mexicano a quienes entraban al país y el temor de que el débil sistema sanitario de México se viera desbordado.
Sobre el papel, las restricciones a todo movimiento no esencial pactadas por Estados Unidos y México son las mismas para ambos países pero, en la práctica, el bloqueo del turismo limitó fundamentalmente el cruce de mexicanos hacia el norte -muchos habitantes fronterizos tiene visa de turista – pero permitió el libre movimiento de ciudadanos estadounidenses o con residencia legal en aquel país, como Gama.
En abril, Tijuana vivió momentos complicados. Algunos hospitales se saturaron, familiares se quejaban de falta de información sobre sus enfermos, trabajadores de maquilas se manifestaban porque les obligaba a trabajar y temían contagiarse -como así ocurrió en muchos casos- y profesionales de la salud protestaban por la falta de equipo para protegerse mientras la epidemia comenzaba a tocarles de manera directa.
El gobernador Jaime Bonilla llegó a decir que los médicos y personal de enfermería estaban “cayendo como moscas”.
Desde el lado norte de la frontera, las autoridades californianas y directores de hospitales mostraron su preocupación por el aumento de pacientes que cruzaban a tratarse. Kristin Gaspar, una autoridad regional del condado de San Diego, envió una carta al vicepresidente Mike Pence en la que pedía que la Casa Blanca enviara ayuda para que México tratara a esas personas e incluso propuso instalar un hospital temporal en plena frontera.
El cónsul mexicano en San Diego, Carlos González Gutiérrez, contestó a la misiva diciendo que no había evidencia de que mexicanos estuvieran cruzando masivamente a recibir atención médica en Estados Unidos e indicó que quienes lo hacían eran ciudadanos estadounidenses o personas con doble nacionalidad.
El viernes, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó que se está construyendo una “estación médica de campaña” que tendrá hasta 125 camas para ayudar a una región agrícola a lo largo de la frontera mexicana que ha tenido un aumento de casos de coronavirus.
El primer caso confirmado de COVID-19 en la ciudad, al igual que dos previos en Mexicali, los primeros de Baja California, fueron personas que habían viajado a Estados Unidos pero los expertos recuerdan que esta es una de las fronteras más transitadas del mundo, con muchos visitantes internacionales y un alto número de conexiones con Ciudad de México, epicentro de la pandemia en el país. Todo ello, unido a su carácter binacional, hacen de Tijuana un lugar más vulnerable al virus.
Las autoridades mexicanas aseguran que la ciudad ya ha pasado el pico de contagios, con los hospitales a menos del 60% de ocupación en estos momentos y descongestionados gracias a las clínicas de barrio instaladas para atender a los menos graves.
Pero médicos y expertos advierten que la situación sigue siendo crítica y podría complicarse porque la reanudación paulatina de actividades en California ha hecho aumentar los cruces en los últimos días y Baja California también se prepara para reactivar el trabajo en industrias y maquilas.
“Es preocupante que exista tanto tránsito en la garita”, dijo Michel Martínez, una médico intensivista de 46 años. Esta doctora se ha enfrentado al nuevo coronavirus desde todos los lados posibles: es jefa de cuidados intensivos de un hospital privado, trabaja los fines de semana en uno público, diseñó un modelo de atención entre lo ambulatorio y lo hospitalario, con el que dice que ha salvado más vidas que en toda su carrera, y ella misma resultó infectada, aunque asintomática.
“Da miedo”, reconoció. “Yo creo que vamos a volver a tener otra oleada dentro de dos o tres semanas”.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, lamentó que Estados Unidos haya priorizado el rechazo de migrantes a la puesta en marcha de controles sanitarios serios que minimicen los contagios y criticó que México no se lo haya exigido, máxime cuando en la anterior epidemia de 2009, la de H1N1, sí hubo una buena coordinación.
A su juicio, con la paulatina reactivación de las cadenas productivas, urge llegar a una serie de acuerdos con protocolos sanitarios muy definidos que minimicen la transmisión del virus y en los que Washington podría aportar pruebas, apoyo técnico o cualquier otro tipo de ayuda.
“Estamos en una emergencia nacional y la sanidad debe ser parte del presente y el futuro inmediato”, aseguró el académico.
Y aunque la mayoría de expertos y ciudadanos, defienden que siga el movimiento en la frontera, aunque sea con restricciones y precauciones, no falta quien abogue por decisiones drásticas.
“Es mejor sacrificar las fronteras 15 días y cerrarlas”, dice Miguel Angel Jiménez, un diabético de 57 años que se contagió de COVID-19 en abril y ahora comienza a recuperarse de una enfermedad que aunque en la mayoría de los casos puede no provocar síntomas o que estos sean leves, en ocasiones puede complicarse y ser letal, sobre todo en personas con enfermedades crónicas previas.
