La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó este lunes una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva política energética de la administración López que limita las energías renovables.
El organismo antimonopolios argumentó que el acuerdo que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución«.
En concreto, la Cofece consideró que la «Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)» es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.
«El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia«, aseveró la comisión.
Durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, el gobierno ha aplicado medidas para restringir la operación de las centrales privadas de electricidad renovable con el argumento de garantizar el suministro y la «confiabilidad» del sistema.
Además de la política de Sener, están el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) del 29 de abril y la resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) del 28 de mayo que sube las tarifas de porteo que deben pagar las centrales renovables a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«La confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico«, balbuceó este lunes la titular de Sener, Rocío Nahle, tras la controversia de la Cofece.
La impugnación de la Cofece, un órgano autónomo del Gobierno, se suma a la que anunciaron gobernadores de oposición la semana pasada.
Partidos políticos y asociaciones civiles acusan al gobierno federal de impedir la operación de los privados para fortalecer a la CFE, que usa combustóleo residual de Petróleos Mexicanos (Pemex) para generar energía.
«La política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista«, manifestó la Cofece.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta 14 por ciento del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas.
Por estas acciones peligran 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en México, según las asociaciones de productores renovables.
El presidente Andrés López ha admitido que las nuevas políticas buscan darle «un trato justo» a la CFE frente al «saqueo» de los privados, sobre todo las firmas de origen extranjero.
Además, López ha cuestionado la existencia de la Cofece y otros organismos autónomos al acusar, sin pruebas, que son grandes aparatos burocráticos heredados por lo que él llama «periodo neoliberal» que «cuestan mucho dinero» al erario.
