El gobierno de la Ciudad de México presentó el Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que transgredan el Ejercicio de Derechos durante la Atención a manifestaciones y reuniones.

En presencia del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez Del Real, Nashieli Ramírez, de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, detalló que, para este acuerdo, se buscó armonizar el contenido en relación a los derechos a la libertad de opinión y expresión, la reunión pacífica, la protesta social y los principios que guían el uso legítimo y proporcional de la fuerza.

Asimismo, Ramírez explicó que el acuerdo tiene como puntos importantes la absoluta necesidad, la legalidad, la prevención, la proporcionalidad y la rendición de cuentas y verificación y puntualizó que está armonizado con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza de mayo de 2019.

Según dicha ley, todos los agentes policiacos deben portar un número de identificación visible en casco y chaleco y en todas las manifestaciones debe estar presente personal de la Dirección General de Asuntos Internos.

Por otro lado, el acuerdo complementa al Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones; el protocolo de actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollen en la Ciudad de México y el Acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en los bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social, presentado en noviembre de 2019.

Además, se contempla la protección de los derechos de los agentes, quienes recibirán asistencia médica, psicológica y jurídica, y también podrán negarse a cumplir con una orden que se considere inconstitucional o violatoria de los Derechos Humanos. En tanto, se contempla “tolerancia cero” a actos de brutalidad policiaca contra manifestantes.

Por último, Ramírez destacó la necesidad de una capacitación al cuerpo policial en materia de género y de prevención del conflicto.