La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, cumplió este jueves un año en prisión preventiva por el caso de desvío de fondos públicos conocido como La Estafa Maestra, si bien presentó un amparo que podría dejarla libre en octubre.
“Rosario Robles debería estar libre en menos de 45 días, dos meses a lo máximo, que es lo que se tarda en resolver un amparo de esta naturaleza”, explicó este jueves su abogado, Epigmenio Mendieta, en entrevista con Radio Fórmula.
Si se resuelve favorablemente este amparo contra la prisión preventiva admitido el 4 de agosto, Robles “podrá enfrentar su proceso en libertad”, en el que está acusada de permitir el desvío de fondos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma.
Robles compareció el 13 de agosto de 2019 ante el juez Jesús Delgadillo Padierna -sobrino de Dolores Padierna, su rival política-, quien a petición de la Fiscalía la mandó a prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
El juez justificó esta medida cautelar por el supuesto riesgo de fuga bajo la excusa de que Robles posee una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al que declaró como su vivienda, prueba que, sin embargo, se ha probado que es falsa.
Mendieta dijo este jueves que “el encarcelamiento fue completamente arbitrario” y recordó que el juez fue señalado por su parentesco con la diputada Padierna.
Agregó que Robles está “delgada y enferma” y que “no quiere estar olvidada en la cárcel”.
El pasado diciembre, Robles, quien también fue jefa de gobierno sustituta del Distrito Federal, presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía porque “de manera sistemática ha fabricado pruebas, mentido y difamado” en su contra.
La prisión preventiva de Robles contrasta con el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien fue extraditado desde España el pasado 17 de julio y afronta en libertad las acusaciones de haber recibido sobornos de Odebrecht y haber participado en la compra irregular de una planta de fertilizantes.
El fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, justificó este miércoles que Lozoya reciba “beneficios procesales” a cambio de destapar las tramas de corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto.
Además, de acuerdo con el fiscal, el caso de Robles es más grave que el de Lozoya, puesto que el primero supondría un daño patrimonial de 15 mil millones de pesos y el segundo de 400 millones de pesos.
El abogado de Robles dijo que las palabras de Gertz Manero demuestran que lo que busca la Fiscalía es “dejar de investigar” y “simplemente buscar a delatores para inculpar a otras personas”.
“Ella no tiene a quién más acusar y a quién más delatar, de una tarea que simple y sencillamente ella sostiene que la llevó conforme a la ley lo establecía”, sostuvo Mendieta.
La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
