La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por la sanción del gobierno de México contra la revista Nexos, que impide a dependencias, entidades y empresas públicas a nivel federal y estatal realizar contratos con esa empresa editorial. La organización hemisférica pidió transparencia sobre la resolución oficial.
La Secretaría de la Función Pública, ligada al Poder Ejecutivo Federal, ordenó el 20 de agosto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, a abstenerse de «recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas» de manera directa o por interpósita persona» con la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., por el plazo de dos años. También se impuso una multa de cerca de un millón de pesos.
Según una circular del 20 de agosto publicada en el Diario Oficial de la Federación, se trata de un procedimiento administrativo iniciado en 2018 contra la revista. Nexos, de línea crítica al gobierno de Andrés López, fue fundada en 1978 y su director es el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron que «llama la atención que la medida se tomó dos años después con una revista crítica al presidente, lo que abre un compás de sospecha sobre si se trata de una represalia indirecta«.
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, de la Ciudad de México, mostraron preocupación de que «estemos ante un acto de intimidación o censura previa, pésimo precedente para la libertad de prensa en el país«.
Reforma judicial en Argentina
Las autoridades de la SIP también expresaron su preocupación por un artículo incluido en la controversial propuesta de reforma judicial que obliga a los jueces a denunciar posibles presiones «de los poderes mediáticos» que reciban en el ejercicio de sus funciones. La reforma judicial, iniciativa del oficialismo, será discutida la próxima semana en el Senado argentino.
Barnes y Rock se mostraron sorprendidos de que, en Argentina, “con una profunda tradición constitucional y con fallos judiciales que han creado tendencia a favor de la libertad de prensa a nivel mundial, se busque por ley imputar poderes fácticos a los medios y coartar la libertad de prensa, ignorando lo que dicta su propia Constitución sobre estos conceptos”.
Consideraron que el Senado debe tener la sabiduría necesaria para dejar sin efecto una cláusula que está teñida de intenciones políticas y que evidencia una represalia que busca coartar la función de informar, criticar, opinar, denunciar y fiscalizar que le cabe a la prensa en una democracia.
Tanto en el caso de Argentina, como el de México, las autoridades de la SIP recordaron que la Declaración de Chapultepec, la cual se fundamenta en tratados internacionales sobre libertad de prensa, expresa que «ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado… por formular críticas o denuncias contra el poder público«.
