La aprobación de una ley en el sureño estado mexicano de Oaxaca que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad elevará el consumo de estos productos de manera informal, alertó este lunes la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
No se disminuirá el consumo sino que se hará en condiciones clandestinas», dijo en entrevista con Efe Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.
A principios de agosto, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma que prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de refrescos y de la llamada comida chatarra a menores de edad.
Rivera lamentó que esta medida fue tomada bajo la premisa de que enfermedades como la obesidad infantil y la diabetes «son enfermedades que hay que sanar». Sin embargo, la perspectiva de esta ley fue sesgada y «no escucharon las voces de la sociedad».
Aseguró que una de las principales problemáticas es que, con esta ley, la comercialización de los productos se irá al mercado informal, porque «en ellos no aplica la ley».
Advirtió además que esta reforma acabará con miles de empleos en pequeños negocios, pues se estima que unos 58.000 pequeños establecimientos de esa demarcación perderán al menos 50 % de sus ventas.
Entre los sectores afectados, dijo, están el abarrotero, el chocolatero, cacaotero, panificador y, sobre todo, los comerciantes de alimentos y bebidas.
Es por ello que la ANPEC, en conjunto con la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares (Aschoco-Confimex), han mostrado su rechazo «enérgico» a esta medida.
Más que resolver un problema de salud pública, se busca encontrar culpables por el mal manejo de la pandemia por COVID-19″, aseguró Rivera.
Además, dijo, si la medida se extendiera en todo el país, afectaría a más de un millón de pequeños comercios y con ello a más de 5 millones de familias y entre 20 y 25 millones de personas se verán afectados de manera indirecta.
RECHAZAN PROPUESTA DE IMPUESTO
Alicia Páramo, directora general de Aschoco-Confimex, expresó su rechazo a la propuesta presentada por el diputado Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para crear un impuesto con una tasa de 4,5 % a los azúcares, grasas y sodio.
Dijo que esta medida afecta a toda la cadena productiva ya que «al menos unos 30.000 productores de cacao en el país estarán siendo afectados por esta decisión», afirmó.
Aseguró que el alza de impuestos es una medida que no ha funcionado en otros productos como el tabaco y los refrescos porque «la gente los sigue consumiendo».
Destacó que lo más importante es fomentar la educación en la población y dijo que la industria está de acuerdo con medidas como el etiquetado frontal de advertencia, el cual pretende dar mayor información de los productos a los consumidores.
La industria chocolatera está preparada para el etiquetado, no nos oponemos a él», afirmó.
Y explicó que el problema de las enfermedades como la obesidad y la diabetes son resultado de una «dieta mal llevada y nula información».
Al respecto, Cuauhtémoc Rivera dijo que el fondo de elevar los impuestos a estos productos es aumentar la recaudación y recordó cómo las autoridades de salud se han empeñado en culpar a las personas por sus muertes por la COVID-19 debido a sus comorbilidades.
PIDEN PROTEGER DICTAMEN
Por otra parte, expertos en salud y defensores de derechos humanos llamaron este lunes a las autoridades del estado a proteger el dictamen de cualquier interés económico que busque retrasar su publicación.
Dijeron que la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca debe «ser protegida de los intereses económicos de la industria de alimentos y bebidas».
Del mismo modo, señalaron que la reforma debe acompañarse de una ley integral que ponga en el centro el interés superior de la infancia y la recuperación de la alimentación tradicional de la región.
