Organizaciones de la sociedad civil pidieron este martes al Senado mexicano que agilice la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado medioambiental cuyo plazo para firmar concluye en septiembre de este año.
Las organizaciones hicieron un llamado a los senadores para cumplir con la «responsabilidad histórica que les corresponde» en materia de Derechos Humanos y derechos ambientales.
(La decisión está) ahora en manos del Senado de la República, para seguir avanzando en el compromiso que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región», dijeron en un comunicado varias ONG, entre estas Amnistía Internacional.
El Acuerdo de Escazú es un tratado de América Latina y el Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Este es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular, destacaron las ONG.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una de las provisiones más novedosas y valiosas es que este acuerdo reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente.
Juan Carlos Carrillo, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), aseguró que este acuerdo es un instrumento que resulta una verdadera guía de derecho ambiental y, al mismo tiempo, «establece la obligación de la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano».
A pesar de que México fue uno de los primeros 15 países firmantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños, aún está pendiente su ratificación.
A la fecha solo han firmado 22 países, y tan sólo 9 lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay.
Esto, de acuerdo con las organizaciones, solo retrasa la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el cual sólo puede hacerse efectivo una vez que se obtengan 11 ratificaciones.
Mariana Blanco, del Proyecto TSE de la Fundación Friedrich-Ebert explicó que pese a que América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo «también es la región más peligrosa para los defensores ambientales, México entre uno de ellos».
Desde el 2012, se han documentado casi 500 agresiones en contra de personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano, ponderaron.
- Finalmente, las organizaciones reiteraron su compromiso de colaborar con las instancias correspondientes en el impulso a la implementación del Acuerdo de Escazú y, por ende, «el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en México, y en América Latina y el Caribe».
