Luego de que se diera a conocer que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha ocupado las plazas que perdió El Marro en el Bajío, y se apodera rápidamente de varias alcaldías de la Ciudad de México gracias a los vacíos dejados por la Unión Tepito, la Anti-Unión, Los Rodolfos y el Cártel de Tláhuac, el país está obligado a retomar la ampliación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y aplicarla como la ley RICO en Estados Unidos, afirmó Alejandro Desfassiaux, presidente fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
Actualmente, dicha legislación de carácter federal solo contempla la sanción de 7 delitos; sin embargo, la Ley RICO (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, abarca hasta 35 de ellos.
“Nuestra legislación está maniatada y se ha quedado corta para combatir eficazmente a la delincuencia organizada, por lo que no es de sorprender que estos grupos sigan ampliando sus redes criminales”, destacó.
La legislación actual contempla terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años de edad, trata de personas y secuestro, pero deja fuera el peculado y el lavado de dinero, entre otros delitos.
Así, vemos videos de exfuncionarios públicos recibiendo sobornos con total impunidad y sin mayores consecuencias y, por otro lado, presenciamos el fortalecimiento del crimen a través del blanqueamiento de fondos, siendo su principal fuente de financiamiento.
Por eso, enfatizó Desfassiaux, lo importante será que primero se amplíe el marco legal para que los fiscales se enfoquen en buscar los puntos débiles que permitan acabar primero con las cabecillas de todos estos grupos, como en el caso de El Mencho que tanto daño hace al país; tal y como sucedió con la Cosa Nostra y la Familia Genovese en Estados Unidos a finales del siglo pasado, donde se consiguieron condenas de hasta 100 años de prisión para las líderes de estos grupos delictivos. Eventualmente estos capos en México serán capturados y ¿qué sucederá entonces?, se preguntó.
Actualmente estas organizaciones criminales, con el fin de aumentar su poder, involucran hasta sindicatos y empresas formales. De acuerdo con la fundación internacional Insight Crime se estima que anualmente los carteles mexicanos introducen al país entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, como parte de sus actividades ilícitas y que después son ocupados mediante prestanombres, fideicomisos, consultorías, fondos de inversión y empresas fachada que permiten el lavado de dinero para financiar a las células criminales, pues la corrupción y este tipo de prácticas se han convertido en un esquema transexenal bajo el amparo de la impunidad.
La Ley RICO es un buen ejemplo, comentó el también presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, sin embargo, existen otros casos de éxito en países como Italia que cuenta con la Rognoni-La Torre, una legislación que les ha permitido neutralizar las acciones del crimen mediante confiscaciones a capos, parientes de los mismos, parejas y socios. No como lamentablemente sucede en México, donde familiares de los capos, como por ejemplo Emma Coronel, siguen disfrutando del legado económico que les dejó la delincuencia organizada y se han vuelto hasta figuras públicas “con gran aceptación” en las redes sociales.
Según estimados económicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la corrupción impacta hasta en el 10% del PIB en México.
“Es por ello que debemos ejercer tolerancia cero contra el crimen en todos los niveles, ampliar las facultades de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para brindarle a la ciudadanía un verdadero Estado de Derecho en la impartición y procuración de justicia, pues el costo social y económico para el país, derivado de la corrupción y el crimen, ya es insostenible”, finalizó Desfassiaux.
