El periodista Óscar Balderas aseguró que, según el expediente con folio 168MATAMOROS182_d del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.
El expediente, redactado el 17 de junio de 2015, era hasta hace poco un memorándum encerrado y bajo llave, es de apenas una cuartilla, y, según Balderas, en él se despliega un detallado de la supuesta reunión.
Dicho encuentro con El Chapo se celebró en febrero de 2012 en un lugar que el informe indica estaba en la zona turística de los Cabos San Lucas, Baja California. El formato elegido fue una comida a la que acudió también el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso.
La reunión, que devino en diversas conversaciones, se ajusta con las demás acusaciones que advierten nexos entre el gobernador de Tamaulipas y el narcotráfico.
La acusaciones contra García Cabeza de Vaca también apuntan a supuestos desvíos de recursos. El abogado Marte R. Gómez, cuyo abuelo fue mandatario de Tamaulipas, entre 1937 y 1941, aseguró a Balderas que tienen evidencias donde quedan demostrados los negocios ilícitos del actual gobernador.
En Estados Unidos, las autoridades han acreditado a García Cabeza de Vaca al menos una cuenta en las Islas Caimán para ocultar el dinero de la droga y las prácticas de corrupción, además de viajes de sus familiares 2008 y 2015 a paraísos fiscales usando un jet privado Hawker 800 que despegaba del aeropuerto internacional de McAllen, Texas, de donde es originario Cabeza de Vaca.
Otras evidencias pretenden acreditar que Cabeza de Vaca estaría relacionado no solo con el trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa, sino con el robo de combustible y el lavado de dinero, que le habría dejado un patrimonio ilegal de más de 2 mil millones de pesos.
En tanto en México, el mandatario estatal es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con la dependencia, el gobernador presuntamente construyó un patrimonio inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos, con recursos que no se justifican legalmente.
