El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal, exhortó en un punto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Banco de México (Banxico), y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a establecer una prórroga de hasta seis meses para quien no haya podido pagar su crédito a causa de la pandemia, no sea ingresado al Buró de Crédito.
“De establecer una política de castigo será más complicada la reactivación económica del país y se podría repetir una crisis de mayores magnitudes como la del 2008 en Estados Unidos o la de 1994 en México, con el riesgo de que cerca de 11 millones de familias pierdan sus viviendas o patrimonio”, alertó el legislador.
Exhibió datos que muestran que a escala nacional, con corte a junio del presente año, hay 24.6 millones de personas que cuentan con un crédito vigente ante alguna institución crediticia, de las cuales, más de siete millones han buscado extender el plazo para pagar que van de los cuatro a los seis meses.
“Esto significa que 28% o tres de cada diez acreditados en el país han tenido dificultades para pagar sus créditos adquiridos, derivado de los efectos que ha traído consigo la pandemia del Covid-19”, dijo.
Carvajal afirmó que el ingresar a clientes que han caído en moratoria al Buró de Crédito puede contraer aún más la economía del país y pone en riesgo el patrimonio de las familias mexicanas.
Algunas de las consecuencias de tener una mala calificación de historial crediticio, detalló el morenista, es que los acreditados no podrán tramitar por primera vez o solicitar otra tarjeta de crédito, y no podrá obtener algún financiamiento hipotecario para poder adquirir una vivienda.
Incluso, abundó, en el caso de los trabajadores en el sector formal tendrán repercusiones al momento de hacer exigible su derecho ante el Infonavit o Fovissste, ya que dichas instituciones revisan el historial crediticio del derechohabiente al momento de solicitar un crédito.
Esto, continuó Carvajal, pone en riesgo el derecho humano y constitucional de tener acceso a una vivienda y se pone en riesgo el patrimonio de los acreditados, ya que una vez que se ha obtenido una calificación negativa en el Buró de Crédito, muchas instituciones al momento de otorgar préstamos y créditos solicitan una garantía que puede ser bienes mueble o inmueble.
