Decenas de miles de rohinyás llevan ocho años confinados en campos de concentración en Birmania y los miembros de esta etnia apátrida y perseguida en su país, no podrán votar en las elecciones generales previstas para el próximo noviembre.
La «arbitraria e indefinida» detención de unos 130.000 rohinyás en campos precarios en Birmania desde 2012 «ha amenazado cada vez más su derecho a la vida y otros derechos básicos», denunció este jueves la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
En el informe «An Open Prison Without End» (Una prisión al aire libre sin final), presentado hoy en Bangkok, HRW describe las condiciones de los miembros de esta etnia predominantemente musulmana confinados en campos con «severas limitaciones en el sustento, el movimiento, la educación o la sanidad».
El informe ha sido publicado un mes antes de las elecciones generales previstas en Birmania para el 8 de noviembre, en las que no se permitirá votar a los rohinyás y las autoridades han bloqueado las candidaturas de cinco políticos de la misma etnia.
APÁTRIDAS SOMETIDOS A UN APARTHEID
La inmensa mayoría de los rohinyás son apátridas a los que el Gobierno birmano arrebató la ciudadanía a principios de la década de los noventa y ha sometido durante años a un régimen de apartheid por considerarlos inmigrantes ilegales de Bangladés, a pesar de que han vivido durante siglos en el estado de Arakan, en el oeste del país.
Los campos fueron creados en 2012, cuando estallaron sucesivas oleadas de violencia sectaria entre los rohinyás y la comunidad rakáin, etnia predominantemente budista y mayoritaria en Arakan, en las que murieron centenares de personas y miles de casas fueron destruidas.
La violencia también desplazó a miles de miembros de la etnia rakáin, pero los desplazados budistas disfrutaban de libertad de movimientos y pudieron volver pronto a sus hogares, mientras que los campos para musulmanes se volvieron permanentes y dependen de la ayuda proporcionada por agencias y oenegés internacionales.
En su informe, HRW también denuncia que las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno birmano para cerrar los campos «parecen estar diseñadas para hacer permanente la segregación y el confinamiento de los rohinyás».
En 2019, el Gobierno lanzó un plan para clausurar los campos, pero sólo ha llegado a aplicarse en pocos casos y consiste en construir nuevas viviendas cerca de allí, no en la reconstrucción de sus antiguos hogares ni el regreso a los mismos.
RESTRICCIONES PARA TODOS LOS ROHINYÁS
El resto de los rohinyás residentes en Arakan, entre 200.000 y 300.000, están confinados en sus pueblos sin poder desplazarse libremente, sujetos a un estricto régimen de segregación que les impide viajar tanto dentro como fuera del estado.
Antes de la violencia sectaria de hace ocho años, se calculaba que vivían en Arakan algo más de un millón de rohinyás, y la discriminación que sufrían desde hacía decenios no hizo más que recrudecerse a partir de entonces.
Entre 2012 y mayo de 2015, unos 170.000 rohinyás, según datos de la ONU, se pusieron en manos de redes de tráfico de personas para huir a Malasia o Tailandia, pero las autoridades de esos países lograron a mediados de 2015 desmantelar dichas redes, por lo que el uso de esas rutas se vio reducido al mínimo.
CONFLICTOS EN ARAKAN
En agosto de 2017, el ejército birmano lanzó una campaña militar contra los rohinyás, tras varios ataques de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares.
El operativo militar, por el que Birmania ha de defenderse de la acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, causó el éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, donde continúan viviendo en el mayor complejo de campos de refugiados del mundo.
Además, desde enero del año pasado, el convulso estado de Arakan se ha visto sumido en un nuevo conflicto, que ha desplazado a decenas de miles de sus habitantes, esta vez entre las Fuerzas Armadas birmanas y el Ejército de Arakan (AA), guerrilla rakáin que lucha por la autonomía del estado.
