La Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como información reservada y confidencial los avances que en el actual sexenio se han integrado a la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a que dicha investigación ya había sido desclasificada desde el 2015 por orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información (INAI).

El esclarecimiento de los hechos que sucedieron en Iguala, Guerrero, sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, es uno de los temas más relevantes para la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, en la actualidad, la opacidad parece mantenerse, pues las autoridades habrían clasificado como información reservada y confidencial los avances del actual gobierno.

De acuerdo con el portal de noticias Animal Político, los nuevos tomos del expediente se han reservado aun cuando el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) había desclasificado la investigación desde el 2015. En estos expedientes habría datos, diligencias y hallazgos con los cuales la FGR sustentó la caída de la llamada “verdad histórica”.

Cabe recordar que entre octubre de 2015 y noviembre de 2018 se transparentaron los expedientes de las pesquisas en torno al caso, los cuales se publicaron en un micrositio; sin embargo, a partir de diciembre de 2018 se dejó de mostrar información respecto al tema.

Por ello, el medio de comunicación hizo una solicitud de información vía transparencia acerca de los últimos tomos y otras carpetas relacionadas, pero la dependencia respondió, a mediados de octubre, que ya habían sido clasificados como “información reservada y confidencial, de conformidad con el artículo 110, fracciones VII y XII y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia”.

Los motivos por los cuales la Fiscalía no ha dado a conocer más información al respecto es que se trata de una averiguación en curso, por lo que transparentar detalles pondría “en riesgo la presunción de inocencia de los posibles implicados, el debido proceso y el éxito de la indagatoria”.