Con la información ofrecida ya por Emilio Zebadúa –quien fue la mano derecha de Rosario Robles y busca ser testigo colaborador para conseguir el perdón judicial– además de las declaraciones de cuatro exfuncionarios de la Sedatu y una denuncia penal interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la exsecretaria de Estado de presuntamente encabezar un grupo de delincuencia organizada para el desvío de recursos públicos.
En septiembre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Rosario Robles, Emilio Zebadúa y dos de sus hermanos; a Ramón Sosamontes, exjefe de oficina de la Sedesol, y tres personas más ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presunto lavado de dinero.
Las investigaciones derivadas de ello realizadas por la Fiscalía apuntan a que Robles presuntamente encabezaba la organización delictiva por haber sido la titular de la Sedatu cuando ocurrieron los desvíos, lo que supuestamente permitió librar la primera orden de aprehensión en contra Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En cambio, Emilio Zebadúa ha conseguido evadir algún juicio gracias a los amparos interpuestos durante un año; y apenas este 19 de octubre ofreció a la FGR ser testigo colaborador; es decir, prometió entregar pruebas para inculpar a Rosario Robles y al expresidente Enrique Peña Nieto respecto al esquema de desvío.
Esto pese a que la UIF encontró que Zebadúa, junto con dos hermanos gastaron 205 millones de pesos, sin que el monto correspondiera con los ingresos de ninguno de los tres. Mientras que en el análisis de los movimientos bancarios de Rosario Robles, no detectó gastos que rebasaran sus ingresos.
Sin embargo, la UIF advierte que Robles, como titular de la Sedatu, tenía la obligación de vigilar que los recursos públicos se aplicaran en lo que fueron etiquetados, según establecen los reglamentos; por tanto, su incumplimiento provocó que probablemente “el patrimonio de la Secretaría fuese desviado a través del actuar de Emilio Zebadúa González”.
Robles tenía la calidad de “garante del cuidado del presupuesto de la dependencia que encabezó, pero en el periodo de su administración fueron ejecutados actos mediante los cuales dicho presupuesto fuera empleado para fines distintos a los presupuestados, encubriendo por tanto, el destino final de los activos”, advierte la denuncia de la UIF.
Dicha denuncia, interpuesta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, explica que el artículo 7 del Código Penal Federal establece que en los delitos de operación de recursos con recursos de procedencia ilícita también serán atribuibles el resultado “al que omita impedirlo”. Y, por lo tanto, el resultado –en este caso el supuesto desvío de recursos–, “es consecuencia de una conducta omisiva”.
El nexo de causa consecuencia, agrega la UIF, es que si Rosario Robles hubiese hecho “acción alguna tendente a evitar el resultado material, evidentemente que el resultado no se hubiera producido” (el desvío).
Fuentes judiciales confirmaron a Animal Político que Zebadúa ya acercó información a la Fiscalía sobre la presunta participación de Rosario Robles en el desvío de recursos públicos, para buscar un “criterio de oportunidad”, es decir, entregar pruebas de los posibles ilícitos a cambio de un perdón legal.
También han sumado las declaraciones de otros cuatro exfuncionarios públicos de la Sedatu. Dos de ellos enfrentaron procesos judiciales por el posible delito de “uso indebido de atribuciones y facultades”, pero la Fiscalía General de la República desistió de la acusación desde mayo de 2019.
Se trata de Marcos Salvador Ibarra, quien como director general de coordinación de delegaciones de la Sedatu firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, y otro con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre, que suman un monto de 313 millones de pesos, presuntamente desviados.
El segundo es José Atolino Orozco Martínez, exdirector general de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Sedesol y de Atención de Riesgos de la Sedatu, quien firmó en la Sedatu un convenio por 186 millones 113 mil 400 pesos con la Universidad Politécnica de Chiapas en 2015 para la hacer una serie de estudios, análisis y proyectos que no se cumplieron.
Los otros declarantes son Armando Saldaña, exdirector general de Ordenamiento Territorial, quien denunció penalmente que su firma en convenios con universidades fue falsificada y María del Carmen Gutiérrez Medina, quien fungió como Titular de la Unidad de Políticas, Planeación y enlace Institucional de la Sedatu.
Es una infamia y una venganza política: Robles
Rosario Robles calificó como una “infamia” la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada, y aseguró que se trata de una “venganza política”, resultado de rencillas del pasado y de su negativa a delatar con testimonios a modo a compañeros suyos a cambio de obtener algún beneficio.
La reacción de la exfuncionaria fue comunicada a este medio por su abogado Epigmenio Mendieta, quien se presentó antes del mediodía en el penal femenil de Santa Martha Acatitla para avisarle a Robles de la emisión de la referida orden de arresto.
De acuerdo con el litigante, Robles lamentó la emisión de dicha orden y consideró que la intención que tiene le Fiscalía y el actual gobierno federal es mantenerla “a como de lugar en prisión”. Ello como una presunta medida de presión mientras no acceda a delatar a otros políticos.
En síntesis, acusó que se trata de una “presa política”, y lamentó que excolaboradores suyos como Emilio Zebadúa se presten a “traiciones” y a declarar hechos que son falsos.
Los gastos de Robles y Zebadúa
La investigación sobre los movimientos financieros de Rosario Robles a cargo de la UIF, revelan que la funcionaria declaró ante el SAT ingresos por 19 millones de pesos ganados como funcionaria entre 2013 y 2018. Además de depósitos bancarios que incluye uno por 50 mil pesos de una hermana; de la aseguradora Metlife México S. A. de C. V. y la nómina de Sedesol que suman 3 millones 519 mil pesos en 2015 y 2018.
Como “actividades inusuales”, según la UIF, están dos cosas: los consumos por 4.5 millones de pesos a través de su tarjeta de crédito American Express y en algunos casos aparece como beneficiaria su hija Mariana Moguel Robles ocurridos de 2016 a 2019; y los donativos otorgados por la Sedatu, dependencia de la que era representante” a tres fundaciones por un monto total de 15 millones 831 mil pesos entre 2015 y 2016.
También se refieren los 45 viajes al extranjero realizados por Robles entre 2004 y 2019, aunque la UIF no refiere que estos no correspondan a sus ingresos o los detalles de gastos al respecto.
Sin embargo, la UIF sí encontró movimientos financieros sospechosos de su subordinado, Emilio Zebadúa y sus hermanos, José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa, quienes gastaron 205 millones de pesos de 2014 a 2019, y en ninguno de los casos correspondió con sus ingresos.
José Ramón Zebadúa, quien es apoderado legal de Emilio Zebadúa, transfirió al extranjero 57 millones de pesos; pagó 45 millones de pesos en su tarjeta American Express y adquirió un inmueble en el Estado de México por 3 millones de pesos.
En tanto, Lourdes Zebadúa gastó 58 millones de pesos en casinos, industria que según la UIF funciona para el blanqueo de capitales presumiblemente de origen ilícito, y 26 millones de pesos en tarjetas de crédito.
Con esta evidencia, la denuncia penal interpuesta por la UIF incluye también a los hermanos Zebadúa por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
La estrategia jurídica
Respecto a la estrategia jurídica que tomarán, el abogado Mendieta indicó que lo primero será esperar a que su clienta sea notificada formalmente de la orden de arresto en su contra. A partir de ese momento podrán tener acceso a la carpeta de investigación iniciada y conocer los datos de prueba.
Adelantó que cuando se lleve a cabo la audiencia inicial para que la FGR presente la imputación (que muy posiblemente se realice en un formato de videoconferencia) solicitarán un plazo de 144 horas para presentar datos y tratar de que su clienta no sea vinculada a proceso.
“Lo que sí puedo asegurarte desde ahora es que a Robles la imputan por ser la jefa de quien realmente tiene gastos inexplicables que es Zebadúa. Porque a Rosario llevan años investigándola y no le han encontrado ni propiedades ni un peso de origen inexplicable, porque no los hay” dijo el litigante a Animal Político.
El defensor finalmente dijo que promoverán una demanda de amparo con la finalidad de que Robles no sea trasladada a un penal de alta seguridad, como comúnmente sucede con los imputados en casos de crimen organizado.
