La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró este martes que es necesario sacrificar a cerca de 15 millones de visones en este país escandinavo tras detectarse en esos animales una mutación del coronavirus, a pesar de la falta de cobertura legal para emitir una orden genérica, aunque lamentó el «error» en la comunicación de las autoridades.
Las autoridades danesas habían anunciado la semana pasada que al menos 214 personas se han contagiado con una de las cinco mutaciones del virus detectadas en visones, doce de ellas con la llamada «Cluster 5», que debilitan la capacidad para crear anticuerpos, lo que podría afectar a la efectividad de las vacunas que se desarrollan contra la COVID-19.
De ahí que el Gobierno ordenase el sacrificio de todos los visones de las 1.139 granjas que hay en Dinamarca, principal productor mundial, y varias restricciones en el norte de Jutlandia, la zona más afectada, que incluyen el cierre de la hostelería, la suspensión de actividades culturales y deportivas y una invitación a no abandonar los respectivos municipios las próximas cuatro semanas.
Varios medios daneses revelaron no obstante posteriormente que el Gobierno solo tiene base legal para emitir esa orden en granjas donde se haya detectado contagio o que se encuentren a 7,8 kilómetros de una instalación afectada, y el ministro de Alimentación, Mogens Jensen, se disculpó hoy públicamente por lo que consideró un fallo.
Su departamento ha enviado además una carta a los criadores en la que aclara que en el caso de aquellas granjas donde no hay contagio o superen los 7,8 kilómetros de distancia, se trata de una invitación a sacrificar a los animales, no una orden.
«Quiero lamentar lo ocurrido ante el Parlamento y los criadores de visones. A pesar de que estamos muy atareados, es obvio que debe de estar claro cuándo es necesaria una nueva legislación, y no ha sido el caso. Pero se trata de un problema de sanidad y los visones tienen que ser sacrificados«, dijo Frederiksen en una comparecencia en la Cámara.
El Ejecutivo socialdemócrata, que tiene mayoría gracias al apoyo externo de varias fuerzas de centro e izquierda, presentó hoy una nueva ley por trámite de urgencia, pero ese procedimiento tuvo que ser abandonado al no contar con el respaldo de tres cuartas partes del Parlamento, por lo que deberá tramitarse por procedimiento normal, lo que puede retrasar su adopción varias semanas.
Las autoridades danesas pretendían acabar con el sacrificio de toda la población de visones el próximo lunes a más tardar, y hasta ayer se habían matado ya 2,4 millones, según datos oficiales.
PETICIONES DE DIMISIÓN PARA EL MINISTRO DE ALIMENTACIÓN
Durante la comparecencia, el líder de la oposición, el liberal Jakob Ellemann-Jensen, habló de «orden ilegal» y dijo estar «conmocionado» por lo ocurrido, mientras varios partidos pidieron la dimisión del titular de Alimentación.
Frederiksen, que anunció la apertura de una investigación, reiteró que no supo de la falta de cobertura legal hasta cuatro días después del anuncio del Gobierno, atribuyó la responsabilidad al ministro y aseguró que el «error» no cambia la «sustancia» de un problema que afecta a la salud general.
La Asociación de criadores de visones daneses ha lamentado la confusión generada, pero considera que no altera demasiado la situación, ya que la decisión de las autoridades es firme y definitiva.
«Acabar con todo un sector es terrible y problemático, pero ya no hay vuelta atrás. La directiva de nuestra organización está de acuerdo. Aunque algunos criadores recibieran el permiso para seguir, no hay futuro: solo podemos sobrevivir como un sector grande y fuerte«, declaró hoy el presidente de esa asociación, Tage Pedersen.
La cría de visones exportó el año pasado por valor de 4.900 millones de coronas danesas (658 millones de euros), casi un 4 % del total de las exportaciones agrícolas de Dinamarca, y da trabajo a unas 6.000 personas.
Las autoridades han estimado el coste total del sacrificio de los animales y la desinfección posterior de las instalaciones en más de 5.000 millones de coronas (671 millones de euros).
Aparte de negociar un nuevo marco jurídico que dé cobertura legal al sacrificio en las granjas no incluidas en la legislación actual, Gobierno y oposición deberán acordar las indemnizaciones al sector, que ha exigido una compensación total como si se tratase de una expropiación.
