La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera como “falta no grave” el presunto desvío superior a 4 mil millones de pesos de la Sedatu permitido por el exoficial mayor, Emilio Zebadúa, según se establece en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa integrado el 1 de septiembre pasado.
Mientras Zebadúa busca el perdón legal ofreciéndose como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar pruebas que inculpen a su exjefa, Rosario Robles en La Estafa Maestra, enfrenta también una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu –a cargo de la Función Pública- junto con 24 exfuncionarios más implicados en el posible desvío de recursos públicos durante el sexenio pasado.
Sin embargo, el OIC considera que Zebadúa solo tuvo “faltas no graves”, como la omisión de no “supervisar” a sus subalternos, pese a que era el encargado de administrar los recursos de la Sedatu, el apoderado legal de las cuentas bancarias y jefe directo del equipo que firmó la salida de dinero, según se explica en el expediente PA-13/2020 de la Función Pública obtenido por Animal Político.
Las sanciones correspondientes por “faltas no graves” consisten en amonestación pública, suspensión del empleo o inhabilitación por de mínimo tres meses y pero menos de un año, según el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades administrativas.
En contraste, en otra investigación contra Rosario Robles en 2019, la Función Pública la sancionó con 10 años de inhabilitación por haber omitido informar sobre una cuenta bancaria con un saldo de poco menos de 3 mil pesos en su última declaración patrimonial cuando fue funcionaria pública.
En el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa con fecha del 1 de septiembre de 2020, se confirma que la Oficialía Mayor a cargo de Zebadúa pagó convenios con universidades públicas por servicios que no se cumplieron con el dinero de las partidas presupuestales que debían servir sólo para infraestructura e indemnizaciones por expropiación de predios, lo que implicó un “probable daño patrimonial” a las arcas públicas, entre otras presuntas irregularidades.
