El presidente Andrés López celebró este viernes como un «hecho histórico» la aprobación en el Senado de la reforma constitucional que presuntamente elimina el fuero presidencial y abre la puerta a que los mandatarios del país puedan ser “juzgados” mientras están en el cargo.
«Quiero agradecer mucho a los legisladores, en este caso a los senadores, porque se aprobó la iniciativa que enviamos para quitar el fuero presidencial. Es un hecho histórico«, dijo López en su conferencia diaria.
La reforma, que tras su aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado debe ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales, modifica el artículo 108 de la Constitución, que establece que el presidente solo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.
La nueva propuesta añade: «Podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común«.
«Ahora con esta iniciativa, con esta reforma a la Constitución, se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como cualquier ciudadano«, celebró este viernes el presidente.
López recordó que el fuero presidencial se estableció en la Constitución de 1856 y se mantuvo en la de 1917. «Es hasta ahora que se quita el fuero presidencial, estamos hablando de cerca de 150 años de mantener este fuero, este privilegio«.
López lo consideró «un gran avance» y se mostró convencido de que la reforma entrará en vigor antes de terminar este año, aunque todavía tiene que ser ratificada por al menos 17 de los 32 congresos de los estados que conforman el país.
Incluso dentro de las filas de López ha habido discrepancias sobre esta medida, como es el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien como jurista defendió que «el fuero es una protección constitucional al primer mandatario de este país«.
Durante el debate, la senadora opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, opinó que la reforma no suprime el fuero, sino que solamente amplía el catálogo de delitos por los que se puede juzgar al presidente.
«Es inadmisible seguir aceptando esta farsa”, dijo.
