En este caso, la empresa responsable del derrame, Grupo México, la minera más grande del país, sigue sin acatar las sanciones que le fueron impuestas para remediar el daño.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció a través de una carta, enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora, que tras nuevos muestreos realizados en 2020 el agua de consumo humano en los siete municipios del Río Sonora sigue contaminada masivamente con metales pesados, principalmente arsénico y plomo.
Sin embargo, ni las autoridades estatales ni federales han emprendido medidas para alertar a la población y resolver el problema, de acuerdo con un comunicado emitido por los Comités de Cuenta del Río Sonora en conjunto con la organización PODER.
🔴El Gobierno nos está dejando morir envenenados.
¿Cómo puede ser que después de reconocer que el agua en el Río Sonora está contaminada y nos puede causar enfermedades graves, no haya hecho nada para evitar esta situación?😓
Aquí nuestro comunicado: https://t.co/gF89VRtD1U pic.twitter.com/g6lcQk8USf
— Comités Cuenca SON (@CuencaRioSonora) November 26, 2020
Según el muestreo de la Cofepris, realizado en marzo pasado, el 98,28 % de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico, mientras que el 35,42 % de los hogares analizados excede los niveles de plomo establecidos en las normas mexicanas.
Daño sin reparación
En 2014, la minera Buena Vista del Cobre, ubicada en Cananea, de Grupo México, derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el noroeste del país, con una afectación a 22.878 pobladores.
En 2015, las autoridades de México multaron a Grupo México con un monto cercano a 1,4 millones de dólares, que representó apenas el 0,09 % de las ganancias que obtuvo Grupo México el mismo año en que ocasionó el derrame.
La empresa no cumplió con los compromisos que asumió como parte de la remediación de los daños, al tiempo que el Gobierno mexicano sigue sin castigar a la compañía por el incumplimiento.
En diciembre de 2019, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a tomar cartas en el asunto, luego de que funcionarios federales reconocieran que las medidas adoptadas por la minera como parte de las sanciones impuestas por el derrame, eran «letra muerta«.
