Con la finalidad de garantizar los derechos laborales, el gobierno federal, sector empresarial y obrero firmaron acuerdo para regular la subcontratación u outsourcing en México.
El presidente Andrés López informó que la iniciativa que envió inicialmente al Congreso de la Unión, se modificará y se discutirá con todos los cambios acordados con la IP hasta el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia en febrero de 2021.
“Hemos decidido, después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas, subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos y poniendo por delante siempre el interés general, en este caso, en beneficio de los trabajadores, de las empresas, en beneficio del desarrollo del país”.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló, que no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido el tema de reparto de utilidades, que sea justo y equitativo, por lo que las empresas solicitaron un plazo de tiempo para realizar este proceso y solicitaron que en febrero se lleve a cabo la discusión parlamentaria.
Destacó, que es una iniciativa «para regularizar y poner orden en materia de subcontratación en nuestro país, derivado de crecientes abusos que afectan a las y los trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a las empresas que sí cumplen y que enfrentan una competencia desleal».
El acuerdo que se suscribió consta de 4 puntos:
Primero. ‘Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal’.
Número dos. ‘El esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa’.
Número tres. ‘Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse’.
Número cuatro. ‘Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente’.
En este acuerdo se muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo será en beneficio de trabajadores, de empleadores y todos en nuestro país.
