La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declararon como reservada por un periodo de cinco años toda la información relacionada con la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos y su posterior retorno a México después de que las autoridades del país vecino se desistiesen en su causa por narcotráfico.
Entre los datos que la administración federal quiere que permanezcan ocultos están: las muestras de descontento expresadas por gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras la detención de Cienfuegos, la queja por no haber sido informado sobre la investigación y las pruebas de Washington contra el exsecretario de la Defensa.
La razón fundamental para la clasificación, según ambas instituciones, es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, y que tampoco se desea poner en riesgo la relación con Estados Unidos.
Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, California, el 16 de octubre, acusado de vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva. Un mes después, y tras las quejas de México, la Fiscalía de EU se desistió de la acusación y el general regresó como hombre libre. La FGR anunció que le había notificado la existencia de un proceso en su contra, pero no tomó medidas cautelares.
En dos solicitudes de acceso a la información, Animal Político requirió el contenido de la nota diplomática que el Ejecutivo envió a EU para quejarse por la investigación contra Cienfuegos y no haber sido informada, así como el oficio que Washington devolvió con un anexo de más de 700 páginas en las que se incluyen las pruebas contra el general.
Sobre los cientos de páginas con las presuntas pruebas, la SRE solo reconoce haber recibido el documento en sobre cerrado y haberlo trasladado a la FGR, sin guardar una copia.
La Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, por su parte, es quien determina la clasificación de los documentos por un periodo que podría extenderse hasta cinco años.
Según asegura la institución, revelar los datos que forman parte de una carpeta de investigación podría perjudicar las pesquisas e incluso favorecer la destrucción de pruebas. No obstante, Cienfuegos, que podría ser el principal interesado en acabar con los señalamientos en su contra, lleva en libertad desde el 17 de noviembre.
Según la respuesta de FGR, entregar la información “perjudicaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente”.
