Las cuatro detenciones por el accidente de helicóptero en el que falleció la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no han despejado las dudas en torno a un suceso que conmocionó al país en la Nochebuena de 2018 y que desató teorías de conspiración.
Hasta los arrestos el pasado viernes de los cuatro acusados por homicidio culposo, el Gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, atribuía el accidente a un fallo técnico del aparato, una aseveración ahora en entredicho.
«En realidad, lo que tenemos ahora es una investigación de carácter técnico del aparato«, detalló a Efe Maribel Flores, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey en Puebla.
Tras esa investigación, la fiscalía estatal detuvo a cuatro personas, identificadas como José Antonio «N», María «N», Ricardo «N» e Israel «N», todos ellos de la empresa Rotor Flight Services, encargada del mantenimiento de la aeronave accidentada.
Los arrestados están acusados de los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones ante una autoridad, aunque Flores advirtió de que es «irresponsable especular».
«Todavía no tenemos un esclarecimiento claro del caso, ni información contundente hasta que se expliquen los aspectos que se quedaron en estos dos últimos años en el tintero. Por ejemplo lo que ocurrió ese día, lo que pasó con la evidencia», señaló, antes de recordar que los cuerpos de la entonces gobernadora y su esposo, que le antecedió en el cargo, «se cremaron ese día».
INVESTIGACIÓN LENTA
Sin embargo, la especialista enfatizó que las pesquisas arrojaron que «en esa fecha del 24 de diciembre no tendría que haber volado la aeronave» de la gobernadora del derechista Partido Acción Nacional (PAN), quien iba acompañada de su marido, un asistente de él y dos pilotos, todos muertos por el desplome.
El Gobierno federal, que tomó posesión una semana después del accidente, se dio como plazo hasta el primer trimestre de 2020 para concluir su investigación, y en marzo de este año presentó un informe definitivo en el que descartó un sabotaje a la aeronave y atribuyó el siniestro a una falla técnica.
Pese a la existencia de ese documento, precisó Flores, «no hay avances que realmente concreten una investigación sólida y sostenible», que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde se desplomó el helicóptero.
«Es una investigación lenta por la información que se requería. Ya cumplimos dos años. Y es insuficiente porque todavía no tenemos indicios contundentes ya sea de un accidente o de una situación de otro tipo», consideró.
La experta, que apuntó también las dificultades extras por la pandemia de covid-19, explicó que la mayoría de avances los ha presentado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, mientras el Ministerio Público poblano no ha reportado «suficiente información».
CONTEXTO POLÍTICO DELICADO
La tragedia tuvo lugar durante la tarde del 24 de diciembre de 2018, cuando se desplomó en Puebla el helicóptero en el que viajaba la gobernadora Martha Erika Alonso, y su marido y predecesor, Rafael Moreno Valle.
Alonso había asumido el Gobierno estatal diez días antes del accidente en medio de una fuerte crisis política, pues su principal rival en las elecciones y ahora gobernador, Miguel Barbosa, del izquierdista y oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), impugnó el resultado.
Días después del siniestro, el presidente de México y líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las teorías de la conspiración que apuntaban a su Gobierno y a su partido como causantes de la tragedia.
«Cuando ocurren estos hechos, hace dos años prácticamente, estábamos en medio de un momento político electoral muy complejo», recordó Flores, y señaló que el país y el estado están de nuevo «en medio de otro proceso electoral que también va a ser concurrente».
En junio de 2021, México vivirá las mayores elecciones de su historia, con toda la Cámara de Diputados en disputa, además de ayuntamientos y 15 Ejecutivos estatales.
Pese a que Puebla no decidirá un nuevo gobernador, se repartirán allí 258 cargos de elección entre diputaciones y ayuntamientos, por lo que las reacciones a los avances en esta investigación tendrán «tintes políticos».
