Congreso de la Cuidad de México aprobó el dictamen que permite modificar el Código Penal de la Capital para sancionar a los servidores públicos que difunda vídeos o imágenes relacionadas con hechos delictivos.

La también conocida como “Ley Ingrid”, fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Está ley lleva el nombre de “Ley Ingrid” en memoria la víctima de feminicidio Ingrid Escamilla e implica reformas en el artículo 239, en el que se indica que “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, trasmita, exponga, remita, distribuya, audiograbe, video grabe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta, vídeos, audios o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

Se precisa que las sanciones previstas aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda es con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; se trate de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida, es un tema necesario. La vida de una persona que ha sido violentada o su forma de muerte, nunca debe ser causa para su revictimización o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los familiares y comunidad que les rodea, se detalla en el cuerpo del dictamen.