La presión policial siguió en aumento este viernes en las calles de Birmania, donde las fuerzas del orden volvieron a utilizar munición real para dispersar a los manifestantes contra el golpe de Estado de la junta militar y mantuvieron arrestado durante unas horas a un periodista japonés.
Las protestas, más reducidas que en días anteriores, y esparcidas en distintos puntos de las ciudades más importantes, fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad, que en algunos lugares dispararon munición real y granadas de mano.
En Rangún, la ciudad más poblada, la Policía cargó repetidas veces y disparó contra un grupo de un centenar de manifestantes del movimiento de desobediencia civil, en su mayoría jóvenes, en el centro de la ciudad.
Durante la protesta fue detenido el periodista freelance y cineasta japonés Yuki Kitazumi, que estuvo retenido en la comisaría de Sanchaung, en la antigua capital, hasta su liberación menos de cuatro horas después.
La detención de Kitazumi, que estaba cubriendo la protesta, es la primera de un reportero extranjero desde que la junta militar perpetró el golpe de Estado el pasado 1 de febrero.
Desde primera hora de la mañana las fuerzas de seguridad habían bloqueado varias calles de la antigua capital en un intento vano de evitar las protestas.
También se produjeron incidentes violentos en Mandalay, la segunda ciudad más poblada, donde hubo al menos un herido de bala, y en Naipyidó, la actual capital, donde al menos 20 personas fueron detenidas y la Policía usó granadas de mano para dispersar las protestas, según el portal Myanmar Now.
La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) indica que desde la asonada al menos ocho personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe, tres de ellas por disparos policiales, mientras que otras 748 fueron detenidas, incluidas 62 que ya han sido puestas en libertad.
Las manifestaciones en rechazo a los militares, que se extienden a lo largo del país desde hace semanas, piden la restauración de la democracia y la liberación de los políticos electos arrestados por los uniformados, entre ellos, la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
RESULTADOS ELECTORALES ANULADOS
Los militares justifican el golpe por el supuesto fraude electoral cometido en las elecciones legislativas del pasado noviembre, en las que se impuso con una mayoría arrolladora la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi.
La junta trató de reforzar este viernes ese relato con la anulación de los resultados en esos comicios por parte de la nueva Comisión Electoral, nombrada después de la asonada.
Thein Soe, presidente de la renovada comisión electoral, declaró durante un encuentro con representantes políticos en Naipyidó que los resultados electorales quedan oficialmente invalidados.
Tanto los observadores internacionales como la comisión electoral anterior, depuesta por la junta tras su toma del poder, habían negado la existencia de irregularidades a pesar de la insistencia de algunos mandos del Ejército, cuyo partido se asegura por ley el 25 por ciento de los escaños.
Desde que dieron el golpe de Estado y arrestaron a miembros del Gobierno, incluida Suu Kyi, los militares han insistido en que convocarán unas nuevas elecciones al cabo de un año.
SANCIONES INTERNACIONALES
Mientras trata de apagar los focos de tensión dentro del país, la junta militar sigue sufriendo represalias internacionales por el golpe de Estado y por la violencia ejercida contra los manifestantes.
El Reino Unido anunció sanciones contra seis de los líderes, incluido el general Min Aung Hlaing, presidente del Consejo Administrativo del Estado y máxima autoridad del país desde la asonada.
Los otros cinco sancionados, también pertenecientes al Consejo Administrativo del Estado, son Aung Lin Dwe, Ye Win Oo, Tin Aung San, Maung Maung Kyaw y Moe Myint Tun.
Las sanciones impedirán a los seis altos mandos militares viajar a Reino Unido o llegar a acuerdos comerciales con entidades británicas y prevén también la suspensión temporal del comercio con Birmania.
La represión de las protestas le ha valido en los últimos días a la junta militar las condenas, entre otros, de la ONU, el G7 y la Unión Europea, que se mostró dispuesta a adoptar sanciones.
Por su parte, Facebook bloqueó el jueves todos los perfiles relacionados con Ejército, incluidos los de los medios gubernamentales y de comunicación controlados ahora por la junta militar por el «grave historial de violaciones de los derechos humanos cometidos por el Ejército birmano y el evidente riesgo de incidentes violentos incitados por los militares».
