El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo este martes que las imputaciones por corrupción serán «cabalmente desmentidas» tras el inicio del proceso de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados.
En una carta divulgada a la opinión pública, el gobernador corroboró que este 1 de marzo la Cámara de Diputados le notificó el comienzo del proceso de desafuero a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
«Los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en mis declaraciones patrimoniales, como las de mi esposa, a finales de 2019«, dijo el panista en la misiva.
Indicó que la imputación que se le hace por lavado de dinero deriva de la venta de dicho departamento «canalizada» a través del sistema financiero, mientras que la «presunta comisión del delito de delincuencia organizada» se sostiene en que varios miembros de la familia habrían participado en la venta.
«Todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos«, apuntó.
«Extrañamente«, continuó García de Vaca, en la solicitud que presentó el Ministerio Público se añaden «suposiciones y especulaciones» en otras denuncias que no tienen directamente relación con el proceso de desafuero.
«La solicitud (de desafuero) no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos«, subrayó.
De esta manera, negó que se le imputaran delitos por narcotráfico o contrabando de combustibles, entre otros.
Por ello, indicó de nuevo su intención de comparecer ante las autoridades para declarar.
«En ningún momento se me concedió este derecho, como sí ha sucedido en otros caso«, aseguró.
«En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible. Una traición a la confianza de la gente«, dijo.
En el caso de García Cabeza de Vaca, los diputados están dentro del plazo de los 60 días para analizar la declaración de procedencia para después convertirse en jurados, escuchar a las partes y votar por el desafuero definitivo del gobernador.
Aunque Partido Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara Baja, la ley establece que después deben enviar la solicitud al Congreso de Tamaulipas, donde el PAN cuenta con mayoría.
