Hoy, a 30 años de existencia del paladín de la transición del régimen del presidencialismo autocrático monopartidista al de las alternancias partidocráticas pripanistas, atestiguamos la emergencia de una interrogante insoslayable, de altísima pertinencia pública, y cada vez de mayor urgencia: ¿qué hacer con el INE?
La sola pregunta es sintomática del desarreglo y la polarización imperantes en el régimen actual. Más aún, si se me apura, es la consecuencia esperable del proceso de recambio en el Consejo General de 2020, que colocó a Morena en el triste, por no decir ridículo, papel de usar su mayoría para elegir a cuatro aspirantes dentro de una lista cuidadosamente confeccionada por el así denominado Comité Técnico para maximizar el cuidado de los intereses de la coalición opositora de estirpe pripanistaperredista.
La orientación estratégica de la magistral jugada orquestada por el Comité Técnico es simple de acusar: afianzar al preexistente y mayoritario núcleo de consejeros antiamlo, articulado en torno a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cuyo inequívoco resultado es la confección de un Consejo General independiente a toda prueba del gobierno federal en turno, pero orgánicamente vinculado a los intereses de la oposición partidocrática.
Sin menoscabo del valor que la partidocracia y la intelectualidad orgánicamente vinculada a ella le confieren a la independencia del INE —el árbitro electoral— respecto del gobierno federal en turno —Morena y la 4T—, lo preocupante es el escamoteo del problema relevante: la precariedad de la autonomía institucional, que es condición del ejercicio de la función estatal de la organización comicial y de la democracia electoral misma.
El descuido y la ligereza —intencionales, creo— que animan la confusión de independencia del gobierno federal con autonomía, hoy expresada en senda carta pública auspiciada por la revista Nexos, pintan de cuerpo entero la pobreza de la intelectualidad orgánicamente vinculada a la oposición.
A la vez, valga precisar, lo anterior exhibe su ceguera e incapacidad de entender y asumir que el Consejo General del INE, sea por voluntad o por incapacidad, se convirtió plenamente en un agente político más dentro de la arena de la competencia por el poder.
La independización-lejanía selectivas respecto de la 4T es a un costo público y político alto e ineludible: su trato en público como una fuerza opositora, con el agravante de su vulnerabilidad por el abandono documentable de su responsabilidad como agente estatal autónomo.
En este contexto, sin que llame a sorpresa, destacan las respuestas encontradas. En defensa del INE y su continuidad histórica, viene a cuento la postura sentada por José Woldenberg en su más reciente artículo intitulado En defensa del INE y la Constitución.
Aquí, el expresidente del INE más reputado califica los señalamientos de carencia de autonomía expresador por AMLO y Morena como “una agresión más alevosa, desinformada, mentirosa”.
Cual apólogo de su hijo consentido, quizás en el entendido de que su inmaculada condición de árbitro imparcial e infalible están fuera de duda, Woldenberg incurre en el desliz de la exigencia de inmunidad a la crítica para el INE. Curiosa postura, por decir lo menos, para un practicante experimentado de la verdad científica y el activismo cívico.
Más sintomático que la acrítica defensa de Woldenberg es la ostensible incapacidad del INE para liderar su defensa como entidad autónoma e imparcial, en cuyo auxilio confluyen hoy la intelectualidad orgánica de la oposición, la intelectualidad que no alcanza a entender la diferencia entre independencia y autonomía, y la intelectualidad que, a falta de autonomía, engrandece la independencia respecto del gobierno federal.
El desafío cognitivo y práctico de los defensores del INE es disponer de un relato convincente sobre la magnitud de la caída tendencial de la confianza social en el árbitro electoral y los indicios abundantes de la partidización del INE.
Con el respeto que como personas me merecen Woldeberg y muchos amigos que signan el desplegado de Nexos Exigimos respeto a la autonomía del INE, rechazo frontalmente la invitación a conservar la versión chatarra de árbitro electoral actualmente existente y al juego perverso de hacer pasar la liebre de la independencia respecto del gobierno federal como el gato de la autonomía.
Por paradójico que parezca, encuentro más afinidad con Ricardo Salinas Pliego quien, sin contarse dentro del selecto club de los intérpretes legítimos de la realidad política, muestra mayor radicalidad comprensiva y práctica en su artículo de El Universal El INE debe morir y desaparecer.
Concuerdo con el director de tv Azteca en sus dos argumentos centrales: la condición estructural de institución capturada por los partidos políticos de oposición y su incapacidad para hacer valer sus dotes constitucionales de ente autónomo del Estado. Y añado una más: la derrota, por indiferencia, en la más crucial de las batallas que un órgano de interés público ha de librar, que es la de ganarse la confianza de la ciudadanía.
Finalmente, estamos hoy frente al imperativo histórico de forjar un modelo de arbitraje electoral, además de autónomo y confiable, simple, austero y funcional. Ya es tiempo de reconocer que, en su actual forma, el INE es un organismo diseñado para administrar los intereses particulares de los partidos contendientes, en exclusión del interés público ciudadano de dotarse de medios técnicos, despolitizados, para construir representación política legítimamente democrática.
No es del juego de vencidas entre Morena y su oposición partidocrática de dónde saldrá la solución. De eso podemos estar seguros.
