Las autoridades militares de Myanmar tienen previsto liberar este sábado a 23 mil presos en una amnistía por el Año Nuevo budista, aunque se desconoce si incluye a prisioneros políticos detenidos a raíz del golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
Del total, al menos 800 fueron liberados ya de la prisión Insein en Rangún, la mayor ciudad del país, así como otros 2 mil 800 en cinco cárceles en la región de Mandalay, informó el medio local Eleven Myanmar.
Entre los liberados se encuentran algunos de los seis miembros del grupo teatral satírico Peacock Generation, detenidos en 2019 por criticar a los militares, así como el cofundador del medio Myanmar Times, Ross Dunkley, condenado en 2018 a 13 años de prisión por posesión de drogas.
Las amnistías son habituales en el Año Nuevo budista, cuya celebración ha sido boicoteada este año por gran parte de la población en protesta contra el golpe encabezado por el jefe de la junta militar, el general Min Aung Hlaing.
No hay constancia de que la amnistía incluya a los detenidos desde el levantamiento militar, incluida la líder del gobierno depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi.
Los uniformados han matado a 728 civiles, incluidos al menos 40 niños, y mantienen detenidos a más de 3 mil 100 personas arrestadas de manera arbitraria, según datos de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos de Myanmar (AAPP).
A pesar de la represión y las torturas, ciudadanos de Myanmar volvieron a salir hoy a protestar en las calles en algunos puntos del país, mientras que continúan también los enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla de la minoría étnica kachin en el noreste.
La AAPP dijo que ayer murieron al menos dos manifestantes debido a los disparos de las fuerzas de seguridad, pero que el número real de fallecidos es probablemente «mucho mayor«, al tiempo que dispersaron violentamente protestas en las divisiones de Mandalay y Sagaing.
La junta militar mantiene una férrea censura en los medios y restricciones al internet, lo que dificulta la tarea de información de los periodistas independientes y activistas, que deben trabajar en la clandestinidad.
Ayer, los opositores a la junta militar formaron un «gobierno» paralelo de unidad nacional con 26 miembros, de los que 13 pertenecen a las minorías étnicas y 8 son mujeres.
El Ejecutivo de unidad nacional sigue siendo presidido simbólicamente por U Win Myint y Suu Kyi sigue siendo consejera de Estado, pero la privación de libertad que ambos padecen desde febrero hace que el peso del gobierno recaiga en Mahn Win Khaing Than, nombrado hoy primer ministro.
El nuevo Gobierno fue anunciado por el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH), formado por parlamentarios electos que fueron depuestos tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
La brutalidad de los uniformados ha provocado severas críticas y sanciones por parte de la Unión Europea y países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, aunque la comunidad internacional no ha conseguido consensuar acciones comunes como un embargo global de armas contra Myanmar.
Rusia y China son vistos como los principales valedores del régimen de Myanmar, aunque han criticado la muerte de civiles y pedido la liberación de los detenidos.
El Ejército de Myanmar justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.
