La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó este miércoles a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, correspondientes al segundo año de la administración López.
En modalidad semipresencial, los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF realizaron sus pronunciamientos y observaciones, para que después el auditor David Colmenares entregue los resultados de las auditorías a la administración federal, entidades federativas y municipios.
A inicios de este año, López descalificó y confrontó públicamente a la ASF por señalar en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 que el costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco sería de casi 332 mil millones de pesos o tres veces más que lo estimado originalmente por el gobierno.
Irregularidades
En la primera entrega de tres partes de las auditorías a la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó daños e irregularidades por 588 millones de pesos al gasto público federal.
De acuerdo con el informe de la ASF, en la primera supervisión de los gastos del segundo año de gobierno de López, del monto observado, se lograron recuperar 122.6 millones, por lo que están pendientes 466 millones de pesos.
En lo que calificó un informe con “observaciones de buena fe”, el auditor superior, David Colmenares Páramo, detalló también que se presentaron 125 informes de supervisión, de los cuales se emitieron 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, siete promociones de comprobación fiscal y 37 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias.
Explicó que a la Cuenta Pública 2020 se le harán mil 523 auditorías y que las siguientes entregas se harán en octubre, la segunda; y en febrero, la tercera y última parte;
De esta primera parte, precisó que se realizaron 104 auditorías de cumplimiento, cuatro de desempeño, una combinada de cumplimiento y desempeño, 16 de cumplimiento y de inversiones físicas.
También informó que 15 de las auditorías fueron realizadas a dependencias, nueve a entidades coordinadas sectorialmente, una a entidades no sectorizadas, cuatro a órganos desconcentrados y 96 a entidades federativas y a la Ciudad de México.
Con información de Milenio y el Financiero
