El presidente Andrés López subrayó este jueves que la histórica demanda de su gobierno contra empresas de armas de Estados Unidos es «respetuosa» con el gobierno de ese país, y defendió que un mayor control en el comercio armamentístico «ayudaría mucho» a México.

«Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas«, relató en su conferencia de hoy.

La Cancillería anunció el miércoles una histórica demanda contra un grupo de empresas armamentísticas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

«No es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino a la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control«, expresó Andrés.

López criticó que en Estados Unidos las armas «se compren hasta por internet» y luego se introducen a México, donde acaban en manos de la delincuencia.

«Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada y ellos lo saben que es para nuestro país el destino de esas armas«, reprochó el mandatario.

López admitió que la demanda no es algo que se vaya a resolver «pronto«, pero defendió que «ayudaría mucho el control de las armas» en Estados Unidos.

«Vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso a las leyes de Estados Unidos«, dijo.

Esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston (Massachusetts) en contra del grupo de empresas y no en contra del gobierno estadounidense.

La meta de la medida legal es la reparación del daño y la no repetición de los hechos, aunque el gobierno no aclaró en rueda de prensa cuál será el monto exigido.

Más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios al año, de acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, representan un costo de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.