Transcurrido un mes desde el asesinato de Jovenel Moise los haitianos siguen sin saber quién mató a su presidente, mientras la investigación del magnicidio está en punto muerto, según diversos sectores de la vida nacional y varios implicados en el proceso, que es objeto de innumerables críticas.
Entre los reproches a las autoridades responsables de la causa está la lentitud de los procedimientos, la persistencia de muchas zonas grises en la investigación, la negativa de las autoridades a divulgar información y la falta de respeto a los principios establecidos por la ley.
Irregularidades
«El proceso judicial se compone de violaciones a los derechos de las personas», habiéndose producido detenciones «sin que haya habido ningún delito flagrante», señaló en declaraciones a Efe el abogado Stanley Gaston, defensor legal, entre otros acusados, de Christian Emmanuel Sanon, supuesto cerebro del plan para matar a Moise.
Además, varios de los acusados «fueron privados de la asistencia de su abogado» en los interrogatorios, y eso constituye «un acto arbitrario», apuntó el letrado, quien reconoció que siempre ha habido casos de violación de derechos humanos, pero cree que la situación es peor en este caso.
A su entender, «la policía está violando el principio de presunción de inocencia desde que muestran a un acusado en la televisión. Esto crea una mala impresión», apuntó.
También el abogado Samuel Madistin criticó que los detenidos no hayan comparecido aún ante un juez después de todo este tiempo y opinó que las acciones realizadas durante la investigación podrían ser invalidadas en el futuro.
En 20 años de carrera «es la primera vez que veo esto. Normalmente, la policía te deja ver a tu cliente. Es un derecho. Creo que la policía probablemente quiere orientar la investigación en una u otra dirección», afirmó.
«La policía da conferencias (de prensa) todos los días. Dan información verificada y no verificada», incluso «cosas que pueden desacreditar la investigación. Todo esto impedirá que la verdad salga a la luz», dijo Madistin, que representa al imputado Reynaldo Corvington.
A su juicio, «ya se han hecho demasiadas cosas raras» en este proceso, y «las verdaderas investigaciones comenzarán» a llevarse a cabo por parte del gabinete de investigación al que el fiscal de Puerto Príncipe Bed-Ford Claude remitió el expediente el pasado miércoles, después de ser objeto de numerosas amenazas de muerte, según la prensa local.
Pero ¿quién mató a a Moise?
A pesar de las detenciones, los registros, los interrogatorios, la incautación de armas y municiones, y de todas las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades judiciales y policiales, la población tiene grandes dudas sobre la investigación, en un país como Haití, fuertemente marcado por la impunidad y con un sistema judicial disfuncional.
Aunque se señale a Christian Emmanuel Sanon como autor intelectual del asesinato de Moise, el primer ministro, Ariel Henry, y la viuda del mandatario, Martine Moise, han manifestado a la prensa internacional que los responsables del asesinato aún no han sido detenidos.
La primera dama afirmó en una reciente entrevista con el New York Times que las personas que están detrás del magnicidio aún no han salido a la luz pese al alto número de detenciones que se han llevado a cabo y apuntó a la autarquía haitiana como responsable: «Solo los oligarcas y el sistema podían matarlo», afirmó.
El magnicidio fue cometido, según las pesquisas, por un comando de 26 mercenarios que irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la vivienda del mandatario en Puerto Príncipe.
Según los últimos datos ofrecidos por la Policía, 44 personas están detenidas por el magnicidio, entre ellas 12 policías, algunos por su grado de responsabilidad y otros por su implicación directa en el asesinato de Moise.
Entre los arrestados también figuran 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidenses.
Las autoridades se han incautado de 45 armas de fuego, cientos de municiones y tres granadas en el marco de la investigación, en la que colaboran autoridades colombianas y estadounidenses.
Para el gobierno haitiano, el magnicidio «constituye un crimen internacional por la presunción de la participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación e implementación del ataque».
Por ese motivo, el ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado la asistencia de las Naciones Unidas para llevar a cabo una investigación internacional sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise, confirmó este jueves a Efe el canciller haitiano, Claude Joseph.
