El exfiscal general del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, consideró que todavía hay «un hueco» en el caso Ayotzinapa que debe ser esclarecido.
«Se ha enriquecido la narrativa en cuanto a la mecánica de hechos, lugares y personas que participaron en carácter de autores materiales, pero también es válido aceptar que hay un hueco en esa narrativa que debe ser esclarecidos de manera fehaciente«, dijo a Milenio.
El exfiscal consideró que el principal compromiso del gobierno actual, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República (FGR) es establecer qué ocurrió con los normalistas, así como hacer efectivo el derecho a la justicia y el castigo a los responsables.
«Se debe realizar una efectiva reparación del daño y establecer medidas de no repetición. Yo creo que hay avances importantes y entiendo también que el reclamo de los padres de los jóvenes normalistas está más que justificado, pero tenemos que dar un voto de confianza a las actuales autoridades para conocer qué fue lo que ocurrió«, explicó.
Pruebas fabricadas
La llamada “verdad histórica” del caso Iguala fue construida con pruebas fabricadas, incluso se falsificaron telefonemas anónimos, la tortura se utilizó de manera generalizada, se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones y se trató de cerrar la indagatoria en tres días, pero se rompió el silencio de funcionarios, testigos de lo sucedido y algunos involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, señalaron el viernes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo.
Asimismo, se anunció que el presidente Andrés López envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar su colaboración respecto de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñaba como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando ocurrió la desaparición de los normalistas y ahora enfrenta cargos por tortura.
Encinas mencionó también que se ha establecido la coordinación que existió entre varios grupos de sicarios de Guerreros Unidos con los policías municipales de Iguala, y se ha determinado que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los agresores.
Esto último, se debe recordar, es debido a que en la administración anterior se difundieron versiones de que los normalistas pudieron haber sido infiltrados por miembros del cártel de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos.
Hubo intento de carpetazo
Ambos funcionarios coincidieron en que se trató de cerrar la indagatoria en tres días por parte de la administración de Enrique Peña, pero que en esta ocasión los investigadores cuentan con “todo el apoyo del Estado” para concluir las líneas de investigación en torno al paradero de los normalistas, limpiar el expediente y llevar a cabo acciones jurídicas con base en pruebas obtenidas de manera legal.
Con información de Milenio y La Jornada
