Los activistas opositores anunciaron este miércoles que mantendrán la convocatoria de su marcha pacífica en La Habana el 15 de noviembre en un claro desafío al gobierno de Cuba, que los tacha de subversivos y los acusa de estar respaldados por Estados Unidos.
Yunior García Aguilera, fundador de esa iniciativa ciudadana inédita en 60 años, declaró a Efe que «nuestra decisión es que vamos a marchar. No estamos convocando. Nosotros vamos a marchar y los que quieran que se sumen».
El Gobierno negó la víspera el permiso para realizar la marcha al calificarla de «ilícita» y argumentó que la solicitud de la plataforma virtual Archipiélago es «una provocación» como parte de la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba «ensayada en otros países».
El joven dramaturgo respondió hoy que los miembros de Archipiélago no han podido reunirse para emitir una declaración conjunta, pero reafirmó la decisión de marchar el día 15 de noviembre.
García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, aseguró que le han cortado los servicios de Internet y telefonía fija en su casa en un intento de silenciar sus reivindicaciones.
La propia plataforma denunció en su cuenta en Twitter la detención de su moderadora Daniela Rojo, la cruzada en la prensa estatal contra García Aguilera y mensajes filtrados que circulan en Internet para evitar que se sumen más personas a la convocatoria.
Discusión
Un editorial del periódico estatal Granma, que acusa a los promotores de servir a los intereses de EE.UU., encendió hoy la polémica en las redes sociales entre usuarios a favor y en contra de la marcha que pretendía reunir a 5.000 personas en La Habana y debía replicarse en otras ciudades del país.
«Si es pacífica se debe permitir, todos somos cubanos. Debemos respetarnos aunque no pensemos igual», se lee en una de las pocas opiniones a favor de la iniciativa en la versión web del diario oficialista, donde se filtran los comentarios antes de su publicación.
Otro, en tanto, repite el discurso oficial que considera como «ilícita» la movilización convocada para condenar la violencia y reclamar el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos y soluciones democráticas y pacíficas, según los solicitantes.
La profesora titular de Derecho de la Universidad de La Habana, Martha Prieto, consideró en su perfil de Facebook que «si bien se pueden tener criterios diferentes y reclamos, se necesitan acciones conjuntas en pos del desarrollo integral de todos, por lo que a través de tales conductas no se debe atentar contra lo que se acordó salvaguardar».
Una opinión que contrasta con la del jurista cubano Eloy Viera, quien considera que «si el Gobierno cubano entiende que pedir la libertad de los presos políticos es contrario al sistema socialista, es porque entiende que los presos políticos son inherentes a ese sistema».
Cantaletas de toda la vida
El gobierno cubano atribuye estos problemas al embargo financiero y comercial de EE.UU., endurecido en la pasada Administración de Donald Trump.
La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y apagones.
En el editorial de hoy de Granma, las autoridades vinculan a los promotores de la marcha pacífica opositora con «cabecillas contrarrevolucionarios» de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un «cambio de régimen» y una «intervención militar».
«El imperio pone dinero y expectativas en los anexionistas formados por ellos, quienes bajo la falsa bandera del pacifismo buscan provocar nuevos disturbios, generar caos e inducir la desestabilización del país», asegura el órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).
El rotativo mencionó «entre los más fervientes partidarios» de lo que considera una «provocación» a congresistas como Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno.
