La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que autoridades de Chile determinaron que el próximo 25 de noviembre, en ese país, se llevará a cabo la audiencia de juicio de extradición contra el exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
Ulises Lara, vocero de la institución, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la dependencia capitalina, que el 28 de octubre se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la petición formal con fines de extradición de Mauricio Toledo.
«El 11 de noviembre, la Fiscalía Nacional de la República de Chile informó que ya fue entregado a la Corte Suprema el expediente de formalización del pedido de extradición de México en contra del ex alcalde de Coyoacán«, manifestó.
Ulises Lara indicó que la fiscalía de Chile solicitó que se le hiciera llegar todos los datos de identidad del perito y agente policial que rendirían su declaración desde México por video conferencia; de manera que la institución entregó a la FGR la información de cinco agentes de la Policía de Investigación (PDI) y dos peritos en materia de contabilidad, “a efecto de que se determine qué servidores públicos rendirán su declaración en la audiencia de extradición”.
Además, añadió que Fiscalía de Mandamientos Judiciales y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se encuentran en coordinación permanente con la dirección de extradiciones de la FGR con la finalidad de preparar todo lo relativo a la intervención de la dependencia capitalina en la audiencia.
El 25 de enero, la fiscal Ernestina Godoy informó que investigaría al legislador por el delito de enriquecimiento ilícito. En conferencia de prensa de aquel día, la titular de la Fiscalía capitalina señaló que desde el 2016 a Mauricio Toledo se le encontraron varias propiedades que «no van acorde al salario de un funcionario público«, y que además no ha podido demostrar su procedencia.
En agosto, la Cámara de Diputados avaló el dictamen para desaforar al legislador con 381 votos a favor, tras las acusaciones de enriquecimiento ilícito formuladas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El proceso al que se enfrenta actualmente por presunto enriquecimiento ilícito se debe al tiempo cuando fue jefe delegacional de Coyoacán (2012-2015), pues se detectó un incremento “inexplicable” de su patrimonio, el cual no es acorde con sus ingresos; específicamente por la compra de tres propiedades, valuadas en 34 millones 560 mil 148 pesos, así como ingresos injustificables superiores a 11.4 millones de pesos.
