Brasilia, 19 nov (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, atribuyó este viernes el aumento de la deforestación en la Amazonía, que en el último año fue la más alta desde 2006, a una presunta presión poblacional en la región y negó que el Gobierno retrasara intencionalmente la divulgación de los datos.
«Lo que ocurre es lo siguiente: existe una presión de avance, no diré de la civilización, un avance de las personas que viven en el centro-sur de Brasil hacia áreas de tierras no ocupadas en la Amazonía. Hay esa presión», declaró a los periodistas Mourao.
Mourao, un general retirado del Ejército, es presidente del Consejo Nacional de la Amazonía, un órgano en el que participan varios ministerios y se encarga de coordinar las políticas del bioma.
Desde que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro asumió el poder, en enero de 2019, la deforestación y los incendios se han disparado en el mayor bosque tropical del planeta, cuyo grueso está situado en territorio brasileño.
Según datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados entre agosto de 2020 y julio de 2021, un 22 % más frente al periodo anterior y récord de los últimos 15 años.
Esa superficie devastada, según las imágenes satelitales del INPE, es superior a la de países enteros como Catar, Jamaica o Líbano.
Mourao reconoció que los números «no son buenos», pero al mismo tiempo pidió tener en consideración el tamaño de la región, pues el área deforestada equivale a «un 0,23 %» de la Amazonia, según sus cuentas.
También negó que el Gobierno retrasara a propósito la divulgación de los datos, después de que diversas organizaciones ecologistas le acusaran de ello con base en la fecha del informe del INPE, datado el 27 de octubre, días antes de que empezara la COP26 en Glasgow (Escocia).
«No puedo decir algo de esa naturaleza, sería imprudente por mi parte», apuntó el vicepresidente.
Según las ONG, entre ellas Greenpeace, el Gobierno evitó así más críticas en el marco de la COP26, donde intentó «lavar su imagen» frente a la comunidad internacional prometiendo adelantar en dos años la meta para acabar con la deforestación ilegal, de 2030 a 2028.
Las mismas organizaciones consideran la política medioambiental de Bolsonaro un «ecocidio» por su retórica en pro de la producción agrícola y minera en la región, y su negativa a demarcar nuevas reservas indígenas, mientras se recorta el presupuesto de los órganos que fiscalizan los delitos en la selva.
