Desde ayer, la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, Reino Unido, inició las audiencias sobre la extradición a México de Karime Macías, exesposa del exgobernador de VeracruzJavier Duarte.

Está previsto que toda la semana, excepto este martes, haya audiencias sobre el caso, a fin de que ambas partes descarguen sus argumentos.

En la primera audiencia, la fiscalía alegó que Macías, señalada en México de desvío de recursos, debe enfrentar la justicia en su país. Se prevé que la próxima semana se dé el veredicto sobre el proceso de extradición.

La audiencia de Karime Macías ha sufrido varios aplazamientos debido a la pandemia de covid-19.

Macías fue detenida por la Justicia británica en octubre de 2019, pero logró obtener libertad condicional tras depositar una fianza de 150 mil libras esterlinas (cuatro millones 261 mil pesos al tipo de cambio actual).

Entre las medidas cautelares a las que está sometida desde entonces, además de haber rendido su pasaporte a las autoridades para prevenir su eventual fuga, está el firmar asistencia cada semana en la estación de Policía de Westminster y no cambiar de domicilio.

La última dirección registrada ante la policía británica es Calle Wilbraham 10, departamento 8, en Belgravia, uno de los vecindarios residenciales más exclusivos de Londres.

El proceso iniciado por la Fiscalía británica responde a una orden de captura emitida por el gobierno de México por “severas acusaciones de fraude”. Entre ellas, está el posible desvío de 112 millones de pesos en contratos que el DIF de Veracruz entregó a una red de empresas fachadas durante su gestión al frente de dicha institución.

La acción legal activada con su detención provisional, fue iniciada luego de exponer a las autoridades británicas el retrato completo de la participación de la entonces esposa de Javier Duarte en el esquema fraudulento.

La defensa solicita asilo británico por lo que considera “presunta persecución” de su clienta en México.

En caso de que el juez autorice la entrega a México, la última palabra la tendrá la ministra británica del Interior, Priti Patel, quien deberá firmar o revocar la orden judicial, acorde a los procedimientos técnicos.