Una «huelga de silencio» dejó este viernes desiertas las calles de Myanmar en protesta contra la junta militar, diez meses después del golpe de Estado y en medio de una fuerte indignación por la condena de la depuesta líder Aung San Suu Kyi y la sangrienta represión de los uniformados.
La huelga, que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenía como objetivo parar toda la actividad pública del país entre las 10 y las 16 horas (GMT+6:30) , en un claro desafío a los militares que tomaron el poder a través de un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.
La antigua capital y la mayor ciudad del país, Ragún, presentaba hoy un aspecto muy inusual. Sus arterias principales, normalmente bulliciosas, estaban prácticamente vacías y sin tráfico en plena hora punta, mientras que la práctica totalidad de los de los comercios aparecían cerrados, según las imágenes captadas por un fotógrafo de EPA/EFE.
Las redes sociales se llenaron hoy de fotografías que mostraban calles desiertas y tiendas cerradas tanto en Ragún como en otras ciudades en regiones como Ayeyarwady (sur), Bago (sureste), Mandalay (centro-norte) y Sagaing (noroeste), e incluso en la capital, Naipyidó, donde se concentra el poder de los militares.
Algunos colgaron también fotos de soldados a los que acusaban de robar en negocios cerrados por la huelga de silencio.
«La huelga de silencio es quizá una de las formas más difíciles de huelga porque no podría hacerse sin la cooperación y la participación masiva de gente. Otro hito del pueblo de Myanmar», señaló en Twitter la cuenta del Movimiento de Desobediencia Civil.
Una convocatoria similar contra la junta militar dejó vacías las calles de las principales ciudades del país el pasado 24 de marzo.
Entonces al menos 257 personas habían muerto debido a la violenta represión de las fuerzas de la junta militar, cifra que ahora asciende a 1.323, incluidos decenas de niños, según el recuento de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Myanmar.
La mayoría de las víctimas han muerto por los disparos de la policía y los soldados contra las manifestaciones, aunque otros también han muerto tras ser torturados en detención y en bombardeos contra aldeas civiles.
El golpe de Estado, que acabó con el gobierno de Aung San Suu Kyi y la incipiente transición democrática de Myanmar, ha generado un enorme rechazo en el país mientras la junta militar ha intentado aplacar el movimiento de protesta con extrema violencia.
El pasado domingo, un vehículo militar atropelló y mató a varios manifestantes que protestaban en las calles de Rangún.
Otro episodio reciente que ha generado indignación dentro y fuera del país es la matanza supuestamente a manos de los militares de once personas, entre ellas cinco niños, que al parecer fueron quemados vivos en Sagaing, según vídeos divulgados esta semana.
A la violencia de las fuerzas de seguridad en los últimos días, se ha sumado el pasado lunes la condena a Suu Kyi y otros miembros de su Gobierno a cuatro años de cárcel en un proceso oscuro y a puerta cerrada, que ha generado una fuerte condena internacional.
Horas más tarde la condena fue rebajada a dos años de cárcel por la junta militar, liderada por el general golpista Min Aung Hlaing, pero la premio nobel de la paz, de 76 años, se enfrenta a otros procesos por lo que de ser condenada podría pasar el resto de su vida detenida por los militares.
Según la AAPP, más de 10.000 personas han sido detenidas desde el golpe, de las que más de 7.800 continúan arrestadas y 75 han sido condenadas a muerte, incluidas 39 en rebeldía.
Respuesta internacional
La junta militar ha sido objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, entre otros, y también no ha sido invitada a las últimas cumbres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
No obstante, Camboya asume en 2022 la presidencia rotatoria de la ASEAN y su primer ministro, Hun Sen, ya se ha mostrado dispuesto a reanudar el contacto diplomático de alto nivel con los generales de Myanmar.
Los activistas prodemocráticos también exigen más acciones a la comunidad internacional, como la imposición en la ONU de un embargo de armas a Myanmar, algo a lo que se han opuesto China y Rusia, y de un zona de exclusión aérea para evitar el bombardeo de civiles.
Además de una grave crisis económica agudizada por el levantamiento militar, Myanmar se enfrenta a la pandemia de la covid-19 y a la intensificación desde el golpe del conflicto armado que el país vive desde hace décadas.
