El juez federal Brian Cogan condenó este miércoles a Iván Reyes Arzate, el exjefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal (2008-2016), a 10 años de cárcel por un delito de narcotráfico del que se declaró culpable en octubre del año pasado, en un caso con fuertes vínculos con del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante la justicia estadounidense.
La condena es la misma que pedía la fiscalía para castigar a Reyes. Según los reportes de los presentes en la corte, el juez estimó que se computen los dos años que ya ha estado en una cárcel de Nueva York esperando su proceso judicial en Brooklyn.
Esos mismos reportes apuntan que Reyes Arzate, conocido como La Reina reconoció un soborno -de presuntamente hasta tres millones de dólares- para ayudar a cárteles de narcotráfico como los Beltrán Leyva, en un momento en el que era uno de los puntos de contacto principales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).
La defensa hizo hincapié en que, a pesar de las insinuaciones y el desarrollo del proceso judicial, Reyes Arzate no cooperará con otros casos de narcotráfico que puedan estar relacionados con el suyo, aunque esta declaración queda en duda al haber varios documentos judiciales sellados al público y la confirmación del gobierno, desde hace meses, de que hay pruebas en su caso que son exactamente iguales que en el proceso contra García Luna y el que, hace meses, condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en la misma corte.
Reyes Arzate, en octubre del año pasado, se declaró culpable de uno de los delitos que se le imputaban. En su acuerdo de culpabilidad, aceptaba ser el responsable de conspiración para la importación de 450 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.
La defensa sólo pedía cinco años de prisión, el mínimo estipulado para el delito del que se declara culpable, para no causar diferencias con sentencias del mismo tipo. El gobierno, sin embargo, defendía que la sentencia de diez años que piden, muy por debajo de las guías federales para el tipo de acusación y agravantes del exlíder de la policía mexicana, que recomiendan condenas de entre 262 y 327 meses de cárcel.
“El gobierno afirma respetuosamente que una sentencia de 10 años de prisión es suficiente pero no mayor de lo necesario en base a los hechos de este caso”, resolvieron los fiscales en su memorando previo a la lectura de condena. En su justificación, el gobierno de EU apuntaba que la “conducta corrupta” de Reyes Arzate amerita una pena de este calibre.
“El acusado cometió este delito únicamente para obtener ganancias financieras a pesar de que disfrutó de una educación estable en México, recibió un título universitario en derecho y fue empleado como oficial de policía de alto rango en un puesto muy delicado. En pocas palabras, el acusado eligió la codicia y la corrupción por encima del bienestar de los ciudadanos de México y los Estados Unidos”, resumía.
Reyes Arzate lleva preso en Estados Unidos desde 2017. Ese año fue condenado a 40 meses de prisión por una corte federal de Illinois, acusado de haber recibido un soborno de 290 mil dólares del cártel Seguimiento 39, asociado al cártel de Sinaloa, para evitar las investigaciones de DEA.
Justo antes de la fecha de su liberación y posterior deportación a México fue otra vez detenido, esta vez con la acusación de narcotráfico de la corte de Nueva York que mañana dictará condena en su contra.
La condena de este miércoles contra Reyes Arzate es un episodio más en el asedio del gobierno estadounidense contra Genaro García Luna, que a mediados de mes tiene una cita con el juzgado para seguir analizando el estado de su caso. De la declaración de culpabilidad de Reyes Arzate se intuye que colabora o colaborará con el gobierno en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, ya que trabajaron en tareas de seguridad nacional en la misma épica.
Los fiscales, de hecho, han dejado explícito que algunas de las pruebas coinciden en ambos casos, y que también concurren con algunas evidencias que aparecieron en el caso contra El Chapo Guzmán.
García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante la administración de Felipe Calderón, se ha declarado inocente de acusaciones de narcotráfico. La fiscalía del distrito este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cartel de Sinaloa, encabezado por Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.
García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019.
