El exvicecanciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco y el líder estudiantil Max Jérez fueron hallados culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, informó un organismo humanitario.
Con Tinoco, un antiguo guerrillero sandinista y exdiputado, y Jérez, un estudiante de excelencia académica según los registros universitarios, aumentó a 17 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega declarados culpables en los últimos once días.
«Otra aberración jurídica, está vez en contra del preso político Víctor Hugo Tinoco. El infame Poder Judicial le ha declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que da seguimiento a los casos, en una declaración.
La jueza Nadia Tardencilla declaró culpable por el mismo delito de Tinoco, a Jerez, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), según ese movimiento estudiantil.
La jueza Tardencilla es hija del embajador de Nicaragua ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, Orlando Tardencilla, según la prensa local.
En ambos casos la Fiscalía pidió 13 años de prisión, durante juicios que fueron celebrados a puertas cerradas.
Tinoco y Jérez fueron detenidos en julio pasado, en medio de una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales, en las que el presidente Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
¿Quiénes son los inculpados?
El Cenidh recordó que Tinoco, además de ser un jefe guerrillero que combatió contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue vicecanciller durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), y embajador ante las Naciones Unidas.
Tras ser expulsado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 2005, se unió al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que ahora se llama Unión Democrática Renovadora (Unamos), y «formó parte de una ola de arrestos contra figuras de la oposición» en el 2021.
En el caso de Jerez, quien desde los 10 años daba clases de música a otros niños, era estudiante de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que recientemente fue absorbida por el Estado, cuando se unió a las protesta antigubernamentales de abril de 2018, y participó en el fallido diálogo nacional como delegado de la comunidad universitaria.
Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Los juicios se han celebrado a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
Entre los acusados se encuentran los siete dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios pasados, a los que Ortega tildó de «hijos de perra de los imperialistas yanquis» un día después de las votaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las «graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua».
Asimismo, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua «a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018» que, de acuerdo con los organismos humanitarios nicaragüenses, suman 170, incluido más de 30 que están siendo procesados desde la semana pasada.
