La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa planteó este lunes que se vuelva a debatir en Bolivia la castración química para los violadores y que se endurezcan las penas hasta lograr la cadena perpetua para feminicidas, además de una reforma de la Justicia ante la violencia machista en el país.

Las «Bartolinas» leyeron una resolución en la plaza Murillo en La Paz en la que proponen que se endurezcan las penas de quienes cometan delitos como feminicidios y trata y tráfico de menores.

Las mujeres campesinas plantean que haya un debate sobre la castración química para aquellos que sean sentenciados por violación, una propuesta que ya se planteó en reiteradas ocasiones en el país sin éxito.

También piden que se pueda sumar las penas por los delitos y que se amplíe la pena máxima en Bolivia, que es de 30 años sin derecho a indulto, a la cadena perpetua.

De la misma forma piden que haya una verdadera reforma de la justicia en el país para que puedan existir «sanciones ejemplificadoras» y que a los jueces y fiscales que cometan «actos de corrupción» o liberen a sentenciados se les pueda prohibir el «ejercicio profesional».

Asimismo, proponen que se trabaje en la «reinserción» de los reos, por lo que a la mitad de su sentencia puedan realizar «sesiones psicológicas» y que hagan «trabajos forzados».

Por último, exigieron ser parte de la comisión gubernamental que revisa los casos de feminicidas y violadores con sentencia que han sido liberados.

Esta determinación se da debido a un caso que causó indignación en el país de un feminicida serial que fue beneficiado con detención domiciliaria por una supuesta enfermedad incurable que padecía, y en cuya casa se encontraron enterrados al menos tres cuerpos, dos de mujeres y un hombre que era su primo.

Hasta ahora se recapturaron al menos a dos hombres con sentencia ejecutoriada por feminicidio, descuartizamiento y violación, además de otro sentenciado por asesinato.

Esta semana llega a Bolivia el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, para evaluar la independencia de la Justicia en el país y se reunirá con diversas carteras del Estado, pero también con asociaciones civiles.

La castración química ya se propuso en 2009 en el Parlamento boliviano, también en 2018 cuando un proyecto de ley planteaba la castración quirúrgica a quienes sean violadores de menores de edad.

De la misma forma, en 2021 la bancada opositora de Creemos propuso un proyecto de ley para la castración química a violadores y cadena perpetua para quienes cometan parricidio.

En 2021 se registraron 108 feminicidios en Bolivia, uno de los países más violentos para las mujeres, y una de las constantes quejas de colectivos y familiares de las víctimas es la tardanza en la aplicación de la justicia a los agresores y la corrupción en el sistema judicial.