El primer juicio en Polonia en aplicación de la nueva y polémica normativa sobre el aborto, comenzó hoy en Varsovia contra una mujer que ayudó a otra a interrumpir su embarazo y por el que la acusada podría ser condenada a hasta tres años de cárcel.
La activista, Justyna Wydrzyńska, de la organización de derechos civiles Abortion Dream Team (ADT), debe responder ante la justicia por haber suministrado píldoras abortivas a una mujer que estaba en la duodécima semana de embarazo.
Se trata del primer proceso, tras el endurecimiento de las leyes contra el aborto que el ultraconservador Gobierno polaco introdujo en enero de 2021.
Según Wydrzyńska, entre febrero y marzo de 2020, una mujer cuyo nombre no se ha divulgado contactó con ella y le pidió ayuda para interrumpir su gestación, después de recurrir sin éxito a otra asociación similar.
Anteriormente, la mujer embarazada intentó viajar a Alemania para someterse a la intervención, pero su marido la amenazó con denunciarla e impedirle ver a su otro hijo, venganza que llevó a cabo cuando descubrió las 10 píldoras de misoprostol proporcionadas por Wydrzyńska.
Las autoridades hallaron en el domicilio de la activista información y medicamentos, lo que llevó a la asociación ultra católica Ordo Iuris a impulsar el proceso y a contribuir a la redacción del proyecto de ley.
Wydrzyńska está imputada como «parte pasiva» y por comerciar con medicinas de manera ilícita.
Cientos de personas acudieron a la sala donde se celebra el proceso, en un caso que ha movilizado a los contrarios a la prohibición casi total del aborto de Polonia, cuya ley es de las más restrictivas de Europa.
Pese a las protestas de la defensa, el juez admitió la presencia de un miembro de Ordo Iuris, Jakub Sloniowski, como «representante de una organización social».
Desde que el Tribunal Constitucional polaco criminalizó la interrupción del embarazo incluso en caso de deterioro grave e irreversible del feto, al menos dos mujeres han fallecido en situaciones en las que, supuestamente, los médicos se vieron obligados primar la vida del feto sobre la de la madre.
En enero, una madre murió por septicemia en Chestochowa (sur), después de albergar durante una semana un feto muerto, hasta que el equipo médico se aseguró de que no «existían posibilidades de salvar» su vida. Unos meses antes otra mujer de 30 años falleció en circunstancias parecidas.
El presidente polaco, Andrzej Duda, lamentó en un mensaje que solo se hablase «de la muerte de la madre» y que «lamentablemente no se mencionase que también murió un niño».
La asociación Abortion Without Borders, que asiste a las mujeres polacas que tratan de abortar, cada día prestan su ayuda a unas cien mujeres y hasta ahora han asistido a 34.000 polacas que decidieron interrumpir su embarazo, 1.544 de las cuales estaban en el segundo trimestre de la gestación.
Además, más de mil mujeres polacas han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se permita abortar en Polonia, una iniciativa respaldada por más de 200.000 firmas.
Cuando el presidente polaco ratificó con su firma la restrictiva reforma al aborto, se sucedieron protestas multitudinarias en toda Polonia durante semanas, pese a las restricciones por la pandemia.
Wydrzyńska explicó en declaraciones previas al juicio que, en el pasado, ella misma se vio en una situación en la que se vio empujada a abortar y que cuando alguien le pidió ayuda decidió arriesgarse por «empatía».
La procesada declaró ademá que la mujer que reclamó su ayuda «es víctima de una relación familiar violenta», ya que los correos electrónicos, el teléfono, el historial de navegación en internet y todas las comunicaciones están controladas por su esposo.
