La Corte Nacional de Justicia en Ecuador solicitó formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho y prófugo de la Justicia en Bélgica, país que acaba de otorgarle la condición de asilado político con estatus de refugiado.
«El día de ayer, he firmado ya la providencia, iniciando el trámite de extradición como corresponde en derecho, del ciudadano expresidente de la República del Ecuador Rafael Vicente Correa Delgado», reveló el presidente de la Corte, Iván Saquicela, al canal televisivo local Teleamazonas.
Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el exmandatario cumpla los ocho años de prisión y 25 de inhabilitación política (no pudo postularse para las elecciones de 2021) a los que fue condenado en una sentencia firme dictada por la Justicia ecuatoriana.
Es ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el que deberá tramitar ante el Gobierno belga la reclamación judicial, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.
¿Papel mojado?
El pedido de extradición, que se ha tardado cerca de dos años en emitirse y que, según Saquicela, se demoró debido a trámites procedimentales, podría quedar en papel mojado después de que se conociera que Bélgica otorgó asilo político a Correa, quien niega las acusaciones y alega ser objeto de una persecución política.
Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso «Sobornos 2012-2016», una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.
Según el dictamen del caso, Ecuador debe recuperar 14,7 millones de dólares en concepto de daños materiales e inmateriales.
Correa, que gobernó Ecuador de 2007 a 2017, se instaló en Bélgica poco después de concluir su mandato, y no ha regresado al país desde inicios de 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación en su contra y, en dos de ellos, se emitieron órdenes de detención preventiva que no fueron llevadas a la práctica.
De 59 años y exdirigente de la denominada izquierda latinoamericana del siglo XXI, Correa siempre se ha jactado de que hasta la fecha Interpol y Bélgica han descartado cooperar con las órdenes emitidas por la Justicia de su país.
«Otro papelón, lamentablemente no solo de este, sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere», fue el mensaje que escribió Correa en Twitter tras conocer la decisión de Saquicela, a quien tachó de «sinvergüenza» y de «hacer el ridículo».
Asilado político y refugiado
En una resolución a la que tuvo acceso Efe, fechada el 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirmó que otorgaba a Correa el estatus de refugiado en este país, de donde es oriunda su esposa, Ann Malherbede.
El abogado de Correa, Christophe Marchand, explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador el juicio por el secuestro del opositor político Fernando Balda. Desde entonces, el exmandatario es prófugo de la Justicia de su país.
Correa ha sido requerido con fines de extradición en tres ocasiones, una tras ser declarado culpable en el «Caso Balda», y otros dos por el «Caso Sobornos».
Pese a rechazar la solicitud de arresto a Correa con fines de extradición desde Bélgica por el caso de secuestro de Balda, la Interpol sí ubicó en España al que fuera su jefe de Inteligencia Pablo Romero, extraditado a Ecuador en 2020 y condenado a nueve años de cárcel.
A la espera de que se conozcan detalles de las condiciones del otorgamiento del estatus de protección internacional a Correa, el hecho de que sea asilado político y refugiado en Bélgica podría impedir la efectiva extradición a Ecuador.
Hasta ahora, Correa solía viajar libremente a otros países, como lo hizo a finales de marzo a Honduras, visita que llevó a la Cancillería ecuatoriana a emitir una «enérgica protesta».
