Ello, al confirmar que en el ejercicio de democracia directa participaron 16.5 millones de ciudadanos, equivalentes a 17.7 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, por lo que “no ha lugar a la emisión de la declaratoria de validez”.
El ejercicio alcanzó el 17% y no el 40% previsto en la Ley por lo que no es vinculatorio; sin embargo, los magistrados determinaron que hubo diversas irregularidades por parte de funcionarios públicos y representantes partidistas.
Ante las irregularidades, el Pleno del Tribunal acordó dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fede).
Fue un “acto fallido de democracia”, dijo la magistrada Janine Otálora Malassis durante la sesión presencial celebrada este miércoles.
“El hecho de que los altos servidores públicos reten a las instituciones no es un buen augurio. No se puede permitir que se corrompa transformándolo en ratificación”, añadió la juzgadora.
“La improcedencia de las demandas ante la invalidez del proceso no debe entenderse como inmunidad, porque nuestro marco institucional y jurídico prevé procedimientos administrativos sancionadores, incluso, procesos penales para sancionar las infracciones en la democracia participativa y, así evitar que queden impunes”, expuso el magistrado presidente Reyes Rodríguez, ponente del proyecto.
“Esta Sala Superior observa que el Presidente de la República carece de interés jurídico legítimo para impugnar el supuesto exceso en el ejercicio de las atribuciones del INE al incluir Información contextual o el porcentaje de participación ciudadana en el acuerdo impugnado, pues dicha información no genera ningún impacto en su esfera jurídica”, se indicó en el proyecto aprobado por mayoría.
En la sesión estuvieron presente los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y del INE, Lorenzo Córdova Vianello, así como consejeros electorales.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo que si bien el proceso de revocación de mandato deja muchas lecciones y cuestiones que no deben repetirse en el futuro, también es un hecho que demostró que hay autoridades electorales “para rato”.
Entrevistado al término de la sesión solemne en la que la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró la invalidez de ese ejercicio, Córdova Vianello se mostró aliviado por concluir de forma satisfactoria este mecanismo.
«La revocación ¿le deja un mal sabor de boca?«, le preguntaron.
«No, al contrario, cómo me va a dejar mal sabor de boca cuando la revocación demostró sobre todo una cosa: que hay mucho INE y que hay INE para mucho rato«, respondió.