El juicio en Estados Unidos contra el exmilitar argentino Roberto Guillermo Bravo, acusado en su país de participar la «masacre de Trelew» hace cincuenta años, comenzará este lunes en Miami con la elección del jurado.
Bravo, de 79 años y quien tiene también la nacionalidad estadounidense, será juzgado por su presunto papel en el tiroteo masivo de 19 insurgentes en agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).
Bravo enfrenta en Miami una demanda civil interpuesta en 2020 por los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, quienes fallecieron durante los hechos de Trelew, y de Alberto Camps, quien sobrevivió.
En 1972 un total de 25 miembros de grupos armados de izquierda huyeron de un penal en la base naval Almirante Zar de Trelew, unos 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Los militares capturaron a 19 de ellos, mientras 6 escaparon en un avión a Chile.
De los arrestados 16 murieron al ser ametrallados y 3 sufrieron graves heridas, según las autoridades argentinas.
En 2012, tres décadas después de que Argentina regresara a la democracia, los tribunales argentinos procesaron y declararon culpables a tres de los oficiales involucrados por su papel en la masacre.
Sin embargo, Bravo «no se ha enfrentado a la rendición de cuentas, sino que vive en Estados Unidos desde 1973», señala el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
En 2020 este grupo de derechos humanos presentó una demanda civil contra Bravo en los tribunales estadounidenses bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés).
Según el CJA, el ejército argentino dijo que los 16 murieron en un intento de fuga, pero María Antonia Berger, René Haidar y Alberto Camps, los sobrevivientes «contaron una historia diferente e informaron al país que lo ocurrido en Trelew había sido una masacre».
El CJA detalla que en los años siguientes, los tres fueron asesinados o desaparecidos.
Los abogados de los demandantes pedirán al jurado que declare responsable legal a Bravo y «conceda daños compensatorios» para las víctimas y familiares de los «opositores políticos» muertos y heridos.
Bravo, exteniente de navío, fue detenido en Miami en 2010 y quedó en libertad tras pagar una fianza de 1,2 millones de dólares.
El exmilitar se retiró en 1979 y obtuvo un trabajo en una compañía de equipos electrónicos de Estados Unidos, a través de la cual recibió la residencia permanente en el país un año después y en 1987 se convirtió en ciudadano estadounidense.
La CJA recuerda que los tribunales argentinos determinaron que la masacre fue «un crimen de lesa humanidad», cometido en el contexto de una persecución generalizada y sistemática a opositores políticos de la dictadura de Lanusse.
Los tribunales concluyeron, por lo tanto, que la amnistía y la prescripción no eran aplicables a la «Masacre de Trelew» y confirmaron las condenas.
