Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que «no está cerrado» el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que fue un «crimen de Estado» y que descarta que estén vivos.
«Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la Justicia», manifestó en su rueda de prensa matutina, realizada este viernes en Tijuana.
El mandatario se refirió al informe que presentó el jueves la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que él creó en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, estado del sur del país, el 26 de septiembre de 2014.
El reporte, el primero en su tipo, sacudió al país porque concluye que el acto fue un «crimen de Estado» en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo al Ejército, y no hay indicios de que estén vivos.
López Obrador, quien prometió resolver el caso cuando asumió la Presidencia en diciembre de 2018, insistió en que «no se termina el proceso, es un informe» y que «además este tipo de delitos no prescriben”.
Sobre la actuación del Ejército, el mandatario argumentó «que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables».
Recordó que él sostuvo que «si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución».
El informe se presenta a un mes de que se cumplan 8 años del hecho.
El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador desmintió esa «verdad», al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El mandatario presentó de manera personal a los padres de los desaparecidos el informe, a quienes expresó su «dolor y tristeza».
