Dos senadores presentaron este viernes un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que busca concederles una residencia permanente a algunos de los inmigrantes que fueron traídos por sus familias a EE.UU. cuando eran menores de edad, conocidos como «dreamers» o «soñadores».
Es la tercera vez que el senador demócrata Dick Durbin y el senador republicano Lindsey Graham presentan esta propuesta legislativa.
El proyecto busca permitir que los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) que tengan estudios, hayan trabajado o prestado servicio militar por al menos tres años puedan solicitar una residencia permanente.
«Está claro que el solo el Congreso puede darles la estabilidad que merecen», escribió en un comunicado el senador Durbin, quien lleva más de 15 años intentando aprobar una legislación para que se les dé un estatus legal.
Por su parte, el senador Graham señaló que antes de pensar en dar luz verde a este proyecto de ley es necesario, bajo su perspectiva, restringir el flujo migratorio actual a EE.UU. en la frontera sur.
«Espero que mis colegas demócratas entiendan que debemos reparar la frontera y hacer frente al tsunami de migración ilegal antes» de dar un alivio migratorio a los beneficiarios de DACA, estipuló Graham.
Además de los requisitos educativos, la propuesta de ley también exige que los «soñadores» que deseen solicitar la residencia prueben tener un dominio del inglés, no tener antecedentes penales ni «representar una amenaza» para EE.UU.
Los «dreamers» se encuentran en un limbo legal por una demanda de nueve estados con Gobiernos republicanos que pidieron el fin de DACA, que otorga permiso de trabajo a los «dreamers».
El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió durante su campaña presidencial que protegería a los beneficiarios de DACA y les daría un camino hacia la ciudadanía.
Sin embargo, la falta de consenso y voluntad política en el Congreso, junto las demandas en los tribunales han impedido este objetivo.
El programa original se lanzó en agosto de 2012 durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), pero en 2017, el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) ordenó su cancelación y posteriormente numerosas querellas han conducido a la situación actual.
