Tras el anuncio de la Secretaria de Educación Pública (SEP) donde mencionó que habría cambios en los libros de texto para alumnos de nivel básico y un desacuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el pasado lunes 31 de julio, un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a SEP para que someta a consultas previas el rediseño de los libros de texto gratuito que serán utilizados en el ciclo escolar 2023-2024.
La jueza del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Mena, señaló que “las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución referente a la suspensión definitiva dictada en autos”.
Los libros de texto deben garantizar que su contenido sea pedagógico de acuerdo al interés de la etapa de la infancia o adolescencia. Por esa razón la SEP debe establecer consultas con especialistas en educación, además de gobiernos estatales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se realizarían cambios en los textos y serían entregados en las próximas semanas.
“Ya los libros se están distribuyendo en todo el país y el 28 de agosto, que inicia el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas”, aseguró el mandatario federal en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
La juzgadora advirtió un desacato a dicha suspensión definitiva por parte de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, así como del director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, quienes se negaron a enviar una copia de los materiales para estudiantes de primaria y secundaria bajo el argumento de no ser los encargados de la impresión y distribución de los libros.
La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), sector responsable de la impresión, no cumplió con las estipulaciones del Juzgado Federal.
Ante esta situación, la juzgadora dio un nuevo ultimátum a la SEP para llevar a cabo el rediseño del material didáctico, pues para llevar a cabo la impresión, la autoridad educativa debería apegarse a los procedimientos marcados por la ley para cada una de las etapas de elaboración de los libros.
Sin embargo, el gobierno federal no atendió la suspensión definitiva y ejecutó la impresión de los millones de libros que ya fueron distribuidos en el país antes de iniciar el ciclo escolar 2023-2024.
