El 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 ocurrió una serie de hechos violentos en Iguala, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27 Batallón de Infantería
Los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531 partieron a las 5:30 de la Normal de Ayotzinapa hacia Chilpancingo con intención de dirigirse a la Ciudad de México.
Se manejan hipótesis, ese mismo día se realizaba una celebración de los logros de la administración de María de los Ángeles del DIF, esposa del edil José Luis Abarca y la versión era que los estudiantes pretendían hacer acto de protesta, razón por la cual, los policías comenzaron a perseguir a los autobuses.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó en 2021 el objetivo de los estudiantes no era irrumpir en el informe del trabajo de Pineda, sino tomar camiones para acudir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Estos hechos dejaron un total de 180 víctimas directas: seis personas ejecutadas, entre ellas un menor de edad y un normalista que mostraba señas de tortura; más de 40 heridos; 80 personas, entre normalistas, maestros, civiles y tres choferes de los autobuses
En 2022, Alejandro Encinas presentó un informe el cuál se concluyó que en la muerte y desaparición de estudiantes hubo una colusión entre autoridades federales, estatales y municipales con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
La respuesta de las autoridades fue inusual: policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los normalistas para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.
Hipótesis hablan sobre los ataques contra los estudiantes, desde un intento por reprimir la acción de protesta de la normal de Ayotzinapa, hasta la posibilidad de que uno de los autobuses fuera utilizado para transportar estupefacientes
Encinas informó que para entender la desaparición los jóvenes era necesario entender lo que sucedía en Guerrero, tomando en cuenta que había tensión y disputa entre distintos cárteles delictivos
Al menos cinco normalistas fueron disueltos en ácido, seis jóvenes más permanecieron vivos aislados en una bodega solo tres días después del 26 de septiembre y otro grupo indeterminado fue trasladado a la zona minera del Cinturón de Oro del río Balsas para desaparecerlos.
En julio de 2023, según con un informe revelado por Gobierno de México, se dio a conocer que la Marina fue un actor clave en la creación de la llamada “verdad histórica” y que Secretaría de la Defensa Nacional hasta el momento no ha entregado información relevante para conocer el paradero de los normalistas.
Por su parte, el gobierno de Peña Nieto sostuvo que, tras arrestar a los 43 estudiantes normalistas, los policías de Iguala siguieron instrucciones de José Luis Abarca, entonces presidente municipal.
Según declaraciones de miembros de Guerreros Unidos -hechas bajo tortura-, los estudiantes fueron trasladados al basurero municipal de Cocula, hacinados y atados en dos camionetas
Cuando llegaron al sitio, 15 de los normalistas ya habían muerto por asfixia, mientras que a los sobrevivientes se les hizo un breve interrogatorio antes de recibir un disparo en la nuca
Habrían tirado los 43 cuerpos a la parte baja del basurero para prenderles fuego durante horas. Al terminar, los supuestos criminales recogieron las cenizas y trituraron los huesos restantes
Autoridades afirmaron que habían recolectado más de 63,000 fragmentos óseos en el Río San Juan y el basurero de Cocula.
A este 2023, la llamada “verdad histórica” fue sepultada. Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, afirmó que la versión informada por Murillo Karam no tenía ninguna coincidencia con lo que verdaderamente pasó: un crimen de Estado.
La idea central que sepulta la llamada verdad histórica es que los estudiantes no fueron privados de su libertad, asesinados e incinerados en el basurero por elementos del Grupo Guerreros Unidos, sino que se trató de un crimen de Estado en el que intervinieron grupos de la delincuencia organizada con autoridades locales y federales.
