Durante la noche de este sábado, se ha hecho oficial la negativa de parte del juez de no ofrecer el seguimiento de su proceso penal, en la modalidad de prisión domiciliaria, al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
Al mismo tiempo aprovechó para mencionar que cuentan con los elementos suficientes para proceder a esta medida, en la que esperan agilizar los procedimientos para conocer cuanto antes la fecha del juicio.
La decisión, emitida por el juez José Rivas González en sustitución del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, se fundamenta en la consideración de que aún no han transcurrido los dos años de prisión preventiva estipulados por la ley para evaluar un cambio en la medida cautelar.
Según la explicación del juez, la continuación de Lozoya en prisión se basa en el criterio de oportunidad que se estaba gestionando con la Fiscalía General de la República (FGR), excluyendo la influencia de acciones específicas por parte de las autoridades.
Se señaló que las etapas de audiencia intermedia se encontraban en pausa debido a las negociaciones en curso para obtener dicho criterio de oportunidad.
En respuesta a esta resolución, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, ha manifestado su desacuerdo, alegando que el juez no evaluó de manera adecuada los argumentos presentados en defensa. Ontiveros anunció que apelarán esta decisión, reafirmando su compromiso de trabajar en pos de la justicia en el caso de Emilio Lozoya.
Durante la audiencia, Lozoya destacó lo que denominó como “grave injerencia política” por parte de la Fiscalía General y las partes afectadas, como Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Describió el caso como “triste” y reafirmó su determinación de defender su inocencia. Además, denunció el intento de la fiscalía de utilizar pruebas previamente desestimadas en Brasil, relacionadas con el caso Odebrecht y la operación Lava Jato.
Lozoya cuestionó la legalidad de la prisión preventiva, argumentando que se basa en pruebas prohibidas en otros países y obtenidas mediante actos de tortura. Hizo referencia a documentos del tribunal superior de Justicia de Brasil que respaldan la invalidez de dichas pruebas.
Asimismo, expresó sorpresa por la ausencia de cooperación internacional para traer estos documentos a México y criticó el empleo de la prisión preventiva con fines económicos en su contra y la de su familia.
