El presidente norteamericano Joe Biden dispuso la liberación de Alex Saab, un empresario colombiano muy cercano a Nicolás Maduro -y sindicado como su testaferro- detenido en Estados Unidos dede junio de 2020, a cambio de la liberación de al menos 10 estadounidenses que estaban en manos de la dictadura chavista. El acuerdo también implica la liberación de otros 20 presos políticos venezolanos.
Además de Saab, hay otros tres venezolanos que estaban detenidos con “una orden menor” que también serán liberados.
Según explicaron en una llamada con periodistas altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, esta fue una decisión muy difícil de tomar para el presidente Joe Biden, que siguió de cerca negociaciones que llevaron varios meses, según los informantes.
En octubre, la Casa Blanca suavizó las sanciones a la industria petrolera de Venezuela, prometiendo volver a imponer las restricciones si Maduro antes del 30 de noviembre no cumplía su promesa de allanar el camino para unas elecciones libres y justas el próximo año. El plazo venció y, hasta ahora, Maduro no ha revocado la prohibición que impide a su principal opositora, María Corina Machado, presentarse a las elecciones.
Entre los estadounidenses tras las rejas en Venezuela se encuentran dos ex Boinas Verdes, Luke Denman y Airan Berry, que participaron en un intento de derrocar a Maduro en 2019. También están detenidos Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Joseph Cristella, acusados de entrar ilegalmente en el país desde Colombia. Más recientemente, Venezuela detuvo a Savoi Wright, un empresario californiano de 38 años.
Saab, de 51 años, fue sacado de un jet privado durante una parada para repostar en Cabo Verde en ruta hacia Irán, donde fue enviado para negociar acuerdos petroleros en nombre del régimen de Maduro. Los cargos: conspiración para cometer blanqueo de dinero vinculado a un esquema de sobornos que supuestamente desvió 350 millones de dólares a través de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno de Venezuela.
Maduro ha insistido en que Saab viajaba a Irán para comprar alimentos y suministros médicos cuando fue detenido en Cabo Verde. Saab fue sancionado previamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente dirigir un esquema que incluía al círculo íntimo de Maduro y robó cientos de millones de dólares de contratos de importación de alimentos en un momento de hambre generalizada debido principalmente a la escasez en el país sudamericano.
Tras una década de crisis, las tiendas de comestibles están ahora totalmente abastecidas, pero pocos pueden permitirse comprar alimentos. El salario mínimo mensual es de unos 3,60 dólares, lo justo para comprar un galón de agua.
Maduro ha argumentado que Saab es un diplomático venezolano, con derecho a inmunidad penal en virtud del derecho internacional.
Pero sus abogados defensores dijeron el año pasado en una audiencia a puerta cerrada que antes de su detención, Saab había estado hablando en secreto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ayudando a las autoridades a desenredar la corrupción en el círculo íntimo de Maduro y acordando renunciar a millones de dólares en ganancias ilegales de contratos estatales corruptos.
El acuerdo es la última concesión del gobierno de Biden para traer a casa a estadounidenses encarcelados en el extranjero. El intercambio de prisioneros más notable se produjo el pasado diciembre, cuando el gobierno estadounidense, a pesar de las objeciones de algunos republicanos en el Congreso y las críticas de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, canjeó al traficante de armas ruso Viktor Bout por la estrella de la WNBA Brittney Griner.
La sucesión de canjes ha suscitado la preocupación de que Estados Unidos esté incentivando la toma de rehenes en el extranjero y produciendo una falsa equivalencia entre estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero y extranjeros que han sido debidamente procesados y condenados en tribunales estadounidenses. Funcionarios de la administración Biden afirman que garantizar la libertad de los estadounidenses detenidos por error y de los rehenes en el extranjero es una prioridad fundamental del gobierno que requiere difíciles negociaciones.
