El canciller venezolano, Yvan Gil, anunció este jueves la decisión del gobierno de «suspender las actividades» de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, instalada en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, dijo Gil
Quien indicó que la decisión se mantendrá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas», argumenta la cancillería en un comunicado colgado en la red social X.
La decisión del gobierno venezolano coincide con las denuncias del organismo por la desaparición primero, y posterior confirmación de la detención, de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, que ha sido acusada por el régimen de traición a la patria y terrorismo, por su supuesta complicidad en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Una acusación que se está multiplicando desde hace semanas contra activistas y periodistas, entre ellas, Tamara Suju, directora del Instituto Casla.
El comisionado se reunió entonces con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del gobierno, y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Señaló que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.
La labor principal de la oficina técnica consiste en “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas” en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.
