Las autoridades de la región administrativa especial china, afines al gobierno central de Pekín, la consideran necesaria para garantizar la estabilidad, pero voces críticas temen que erosione aún más las libertades civiles.
El Artículo 23 recoge nuevos delitos como la interferencia externa y la insurrección, con penas hasta de cadena perpetua.
Y, en la práctica, amplía la controvertida Ley de Seguridad Nacional que ya había impuesto China y está vigente desde 2020, donde se tipifican como delitos la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, especificó que el Artículo 23 es necesario para protegerse contra «potenciales sabotajes y corrientes subterráneas que intentan crear problemas», en particular «las ideas de un Hong Kong independiente».
El viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, dijo anteriormente que la rápida promulgación de la nueva legislación protegerá los «intereses nacionales fundamentales» y permitirá a Hong Kong centrarse en el desarrollo económico.
Decenas de personas han sido arrestadas en virtud de la ya existente Ley de Seguridad Nacional desde su aprobación hace cuatro años, creando un clima de miedo según sus críticos.
Según la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, la nueva ley «asestó otro devastador golpe a los derechos humanos en la ciudad», mientras Maya Wang, directora en funciones para China de Human Rights Watch, cree que conducirá a Hong Kong a “una nueva era de autoritarismo».
«Ahora incluso poseer un libro crítico con el gobierno chino puede violar la seguridad nacional y conllevar años de prisión en Hong Kong», afirmó.
