La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado las fechas para las comparecencias de los gobiernos de México y Ecuador en relación con la denuncia presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el de Daniel Noboa por el asalto a la Embajada de México en Quito, ocurrido el viernes 5 de abril, lo que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El proceso se dividirá en dos partes: la primera audiencia pública será el martes 30 de abril, en la cual México presentará sus argumentos, mientras que el miércoles 1 de mayo será el turno de las autoridades ecuatorianas. Tras estas comparecencias, la CIJ, también conocida como Corte de La Haya, considerará la posible adopción de medidas cautelares.
El presidente de México, al conocer la convocatoria de la Corte de La Haya, expresó en su conferencia matutina que espera una justicia pronta y expedita, y mencionó la preocupación sobre el Poder Judicial de México.
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El 11 de abril, México presentó una denuncia ante la CIJ por la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien estaba asilado por el gobierno de López Obrador. México solicitó a la CIJ que se pronunciara sobre «dudas legales» relacionadas con la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y la inviolabilidad de una misión diplomática.
Entre las medidas cautelares solicitadas por México se encuentra que Ecuador garantice la protección de la Embajada y su personal, y se abstenga de acciones que puedan agravar la disputa. La mayoría de los países latinoamericanos se han puesto del lado de México en este asunto.
El presidente López Obrador aprovechó una reunión telemática de la CELAC para buscar apoyo a su denuncia contra Ecuador en la CIJ y reiteró su llamado a la expulsión de Ecuador de la ONU hasta que emita una disculpa y garantice que no repetirá acciones similares.
En sus palabras durante su conferencia matutina del pasado 16 de abril, López Obrador destacó la importancia de defender el derecho de asilo y proteger a los perseguidos políticos, señalando que es parte de la tradición de política exterior de México.
